La razón y la fe

Cincuenta padres del instituto Javier Uriarte de El Puerto de Santa María han presentado en la secretaría del centro un escrito en el que expresan la decisión de que sus hijos no asistan a las clases de Educación para la Ciudadanía el próximo curso. Incluso van a iniciar una campaña para aumentar el número de padres que rehúsan para sus hijos la referida asignatura. Estos padres llevan hasta las últimas consecuencias la postura de la Conferencia Episcopal, en su versión extrema. Si los prelados solicitaban el jueves pasado que se usasen "todos los medios legítimos" contra la asignatura, los padres de este instituto portuense van más allá y seguirán las directrices radicales de monseñor Cañizares. Los padres de alumnos de este instituto y del resto de centros andaluces deben saber que sus hijos, sin esa asignatura, no obtendrán los títulos académicos correspondientes.

Dice poco del sentido del deber de quienes defienden una mal llamada objeción de conciencia, que no es otra cosa que una revuelta contra una ley que supone graves perjuicios para los niños, que se convierten así en sujetos de una agitación política contra el Gobierno auspiciada por los sectores más recalcitrantes de la derecha política, mediática y católica. La patronal de la enseñanza religiosa, FERE, ha expresado que acatará la ley e incluirá en sus centros la Educación para la Ciudadanía. Se desconoce si algún padre va a retirar a sus niños de los colegios religiosos con tal motivo o si van a adoptar la actitud de rebeldía extrema que consiste en no llevarlos a ningún centro de enseñanza y ofrecerles una educación propia en el seno del hogar, como una versión derechista de los postulados anarquistas desarrollados en Summerhill. En cambio, la editorial católica SM (Sociedades Marianistas) ha incluido la materia en sus libros de texto con la dirección del filósofo José Antonio Marina ya que Educación para la Ciudadanía forma parte del currículo obligatorio del alumno. El contenido consiste en formar a los jóvenes en los valores de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Declaración de Derechos Humanos tales como el rechazo al racismo, la violencia, la homofobia y la xenofobia, el respeto a la diversidad, el consumo responsable, las diferentes identidades sexuales, la solidaridad o la igualdad entre hombres y mujeres.

Dice José Antonio Marina que cada vez que surgen problemas con las drogas, la violencia o el racismo, la sociedad se vuelve hacia la escuela para que allí se imparta una ética social con los valores que conforman la convivencia. Esto es la nueva asignatura. Es curiosa la actitud del episcopado, que pretende que la religión sea obligatoria en los colegios, nos pretende imponer su punto de vista al conjunto de ciudadanos seamos o no católicos, agita a las masas contra el Gobierno, practica la más rancia homofobia y la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no han tenido problemas en pactar con este mismo gobierno unos privilegios excepcionales para financiar sus actividades ordinarias y sus colegios a la vez que obtiene todo tipo de ayudas para el mantenimiento de los templos o para el desarrollo de romerías y procesiones. No sé si es cierto que el Gobierno cedió a las exigencias de que no se incluyese en la asignatura el matrimonio homosexual.

Si es así, espero que la consejera de Educación de la Junta, Cándida Martínez, que ha sido la más beligerante en su rechazo de las decisiones de la Conferencia Episcopal, consiga que se incluya en los libros de texto que se usen en Andalucía cuando trata las diferentes formas de familia, no sólo la tradicional, sino las monoparentales, las reconstituidas y las homosexuales. La sociedad española es más abierta y tolerante de lo que representa la carcundia de obispos y de los padres recalcitrantes que, con su extremismo, van a perjudicar a sus hijos. No es casualidad que en El Puerto de Santa María haya ganado el PP. Como dice Fernando Savater en La vida eterna la fe comienza donde termina la razón. Algunos obispos y padres parecen haber perdido esta última.