A propósito del informe PISA

El informe PISA realizado por la OCDE viene marcando el debate sobre la educación. Es penoso que no dispongamos de otras evaluaciones del sistema educativo más que de un informe mundial, sin duda muy interesante, pero lleno de lagunas y de generalizaciones.

Hay una serie de limitaciones del informe PISA que conviene aclarar, no para justificar -como hacen algunos gobernantes- los problemas educativos de nuestra tierra, sino para celebrar un debate más completo sobre la situación de la educación.

En primer lugar, el informe es una muestra realizada sobre un universo de jóvenes de 15 años, edad en la que, según la OCDE, se finalizan aproximadamente los estudios de Secundaria. La medida es estimativa ya que en muchos países a esa edad ya ha concluido la educación obligatoria y, en otros, como España, queda más de un año (en realidad, dos) para su finalización. Incluso la selección de la muestra es confusa. En España, por ejemplo, no se han evaluado Valencia, Extremadura ni Castilla-La Mancha. En segundo lugar, se ha optado por hacer la prueba por edad, y no por niveles educativos, lo que influye decisivamente sobre los resultados, ya que si la prueba se realizara a la finalización del ciclo los resultados españoles serían absolutamente diferentes. Esto no es una justificación -como han pretendido algunos gobernantes-, ya que si bien es cierto que el nivel académico es, seguramente, superior al que detecta el informe PISA, nos pone ante un problema esencial del sistema educativo español que se concentra en el fracaso del primer ciclo de la ESO. Los verdaderos datos de alarma no son unos decimales en comprensión lectora, matemática o científica sino el hecho pavoroso de que en Andalucía, el 43% de los jóvenes de 15 años ya han repetido uno o dos cursos, y que el 34% de los estudiantes abandonen la ESO sin obtener titulación. Este dato sí que determina decisivamente el futuro de un tercio de la población andaluza, y por extensión de toda nuestra comunidad, que vagará por el mundo laboral sin preparación ni expectativas.

En tercer lugar, los aspectos sociales quedan relegados en el informe PISA a un segundo término. Está claro que la procedencia social y cultural del alumnado determina de forma sus competencias lingüísticas, científicas y matemáticas. Sin embargo, el informe apenas introduce elementos que corrijan los datos en función de estas observaciones sociales. Además, el sistema educativo parece ser el único responsable de la formación de los jóvenes, cuando los estudios sociales nos indican que en comprensión lectora, la educación contribuye un 30% a estas habilidades pero el 70% corresponde a la sociedad (familia, medios de comunicación, sociedad del ocio, etcétera). De familias sin libros, no nacen -más que excepcionalmente- lectores, ni de la televisión basura, científicos. ¿Se trata, por tanto, de cambiar solo el sistema educativo o se necesita una reflexión sobre el modelo social?

Finalmente, el informe promociona los resultados de modelos educativos autoritarios y selectivos, frente a los inclusivos. Las condiciones, incluso de la realización de esta prueba -y no es baladí- no son equivalentes. En algunos países, se presenta como una prueba central, determinante, y se insta a los alumnos a hacerla completa. Otros, realizan una motivación previa del alumnado. En nuestro caso, la prueba se hace forzosa y sin aliciente alguno. El valor que los alumnos le conceden es similar a las pruebas de evaluación iniciales que se acometen con dejadez y desgana incluso entre los mejores estudiantes.

Curiosamente, la mejor cualidad del sistema educativo español no ha merecido ni un solo titular en la prensa, pero sí algunos comentarios desdeñosos. Junto con Finlandia, es de los más igualitarios y sociales del mundo. Es este un logro que no se puede tirar por la ventana. El reto es mejorar los resultados, manteniendo la integración social y el ideal de que la educación es el mejor mecanismo de igualdad y de avance social. Y en Andalucía, el debate es urgente.