Los números de la Copa Davis no cuadran

La celebración de las semifinales de la Copa Davis terminó el domingo en Córdoba y llega el momento de revisar las cuentas. Y el interventor municipal no parece muy conforme con los números que ha presentado el equipo de gobierno del alcalde José Antonio Nieto, del PP. El funcionario de habilitación nacional encargado de fiscalizar las cuentas ha centrado sus críticas en dos aspectos. La primera pega tiene que ver con la generación de crédito (ingresos) por los derechos sobre la venta de entradas para ver los partidos de semifinal de la Davis y que supone casi 677.000 euros.

El segundo punto de disconformidad se refiere al convenio suscrito por el Ayuntamiento con la Real Federación Española de Tenis por el cual se dispuso un gasto de 1,7 millones de euros, con cargo a los presupuestos. Este convenio se formalizó el mismo día en que se iniciaba la competición entre España y Francia, el pasado 16 de septiembre. En esa cantidad puesta ahora en cuestión por el interventor se incluyen los 700.000 euros de canon impuesto por la Federación para celebrar las semifinales en Córdoba y que supusieron el enfrentamiento entre el Ayuntamiento, que esperaba que la Junta lo pagase, y la Consejería de Deportes, que se negaba a sufragarlo.

Un portavoz del gobierno municipal insiste en que una disconformidad de la Intervención no es lo mismo que un reparo. La primera es una figura que no paraliza ningún trámite, mientras que la segunda obliga a la celebración de un pleno extraordinario para dar cuenta de la misma. Fuentes del Ayuntamiento anuncian que hoy mismo el alcalde, José Antonio Nieto, dará una rueda de prensa ofreciendo "todos los datos y documentos que expliquen con transparencia cómo se ha hecho todo".

La oposición afirma que, en esencia, la Intervención se queja de la gestión de las cuentas y reclama, como ellos, más información. "La Intervención no conoce los informes. Y nosotros tampoco. Pedimos información el 22 de agosto, el día 30 y también en el último pleno de la semana pasada", señala Francisco Tejada, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento.

Por otro lado, Unión Cordobesa confirmó ayer que Rafael Gómez, joyero, constructor, líder de este partido y concejal en el Ayuntamiento, ha ampliado su representación dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Además de formar parte del órgano rector, estará en la Comisión de Licencias. Gómez, conocido como Sandokán, está imputado en el caso Malaya de corrupción urbanística. Además, el Ayuntamiento de Córdoba le impuso una multa de 24,6 millones de euros por la construcción de cuatro hectáreas de naves ilegales. Fuentes de Unión Cordobesa señalan que la presencia de Sandokán en el máximo órgano urbanístico de la ciudad no tiene nada que ver con los asuntos pendientes que tiene con el ayuntamiento, sino que se debe a su intención de "agilizar la legalización de las parcelaciones ilegales".