La lucha contra el fraude fiscal pone bajo la lupa la venta de oro

En tiempos de crisis y con el mandato de reducir el déficit público, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida son dos piezas clave para evitar que ni un euro escape del control de la Hacienda pública. Con esos dos objetivos como meta, los Gobiernos central y andaluz firmarán en próximas fechas un convenio para reforzar la colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Andalucía.

Con este acuerdo, los dos Ejecutivos pretenden poner bajo la lupa la detección de depósitos financieros ocultos y las operaciones de compraventa de oro. Los negocios relacionados con esta última actividad han tenido un notable auge desde que estalló la crisis, por la necesidad de muchas familias de obtener liquidez inmediata vendiendo sus joyas. El que vende está obligado a declararlo a través del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, mientras que la transacción entre los profesionales se repercute en el IVA. Esta fue una de las actuaciones que destacó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tras la reunión del Consejo de Gobierno que autorizó la firma del convenio con la AEAT. Aguayo aseguró que estos datos están en poder de la Administración tributaria estatal por lo que no dio una estimación de a cuánto puede ascender el fraude en las operaciones de compraventa de oro realizadas en la comunidad.Otro de los objetivos es saber la detección de depósitos financieros ocultos. Fue el caso descubierto el pasado año con 659 contribuyentes con cuentas opacas en el banco HSBC de Suiza. Las 300 personas que se pusieron al día ingresaron 260 millones de euros a Hacienda. El convenio también persigue el control de los movimientos en efectivo, del que la consejera no dio detalles.

El plan de obras para los colegios durará hasta diciembre de 2012

Una de las patas del convenio entre las dos agencias tributarias será la de intercambiar información sobre las diligencias inspectoras sobre tres aspectos: las de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades operaciones de fusión o escisión; por donaciones de empresa individual o negocio profesional; y las comprobaciones de valores.

Las bases de datos de las dos agencias también se pondrán en común sobre transmisiones de bienes de fuera de Andalucía que hagan residentes en la comunidad; la transmisión de viviendas habituales acogidas a beneficios fiscales; y el aumento del control de las deducciones autonómicas en las declaraciones de la renta. En Andalucía, por ejemplo, existen deducciones en el tramo autonómico de la renta por ayuda doméstica, una promesa que el PSOE incorporó en su último programa electoral en 2008 y que ya está vigente.

La puesta en común de información también afectará a los capitales mobiliarios cuyo importe global supere los 120.000 euros lo que, según Martínez Aguayo, "permitirá identificar de forma rápida los patrimonios más elevados".

El convenio también va a servir para combatir la economía sumergida para sacar a la luz "actividades alegales no visibles e ilegales". Dicho esto, Aguayo reconoció no disponer de datos sobre a qué cantidad puede ascender el trabajo no declarado porque "depende de la inspección de trabajo estatal".

No obstante, el Parlamento aprobó por unanimidad a finales de abril de 2010 una iniciativa en la que se ordenaba a la Agencia Tributaria andaluza elaborar un plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Aguayo presumió ayer de la efectividad de los controles realizados por la Hacienda andaluza que ha permitido ingresar 400 millones de euros más en 2010, lo que supone el 20% de los 2.000 millones de los ingresos directos de la Junta. Se trata de comprobaciones en las autoliquidaciones que han presentado los contribuyentes por operaciones de compraventa de vehículos, de casas o fincas o por la muerte de algún familiar en las que no han declarado las cantidades exactas percibidas.

Aguayo calificó este fraude como de "baja gama", ya que los declarantes sí han hecho su liquidación pero por una cantidad menor de la real. De este modo, se han examinado 60.099 expedientes del impuesto de sucesiones y donaciones y 664.020 del de transmisiones y actos jurídicos documentados.

Hacienda será también uno de los departamentos clave para combatir lo que José Antonio Griñán llamó "el fraude social" en el pasado debate de la comunidad. Aguayo adelantó que se van a cruzar datos con el registro de asociaciones que tiene la Consejería de Gobernación en la que hay inscritas 60.000 entidades para comprobar los beneficios fiscales que reciben.

El Gobierno también aprobó el decreto de libros de texto en el que se incorpora las ediciones en formato digital. Ahora hay 82 centros de Primaria que tienen implantado el libro digital (unos 7.000 alumnos) y si así lo deciden los centros podrá usarse también en primero de ESO el próximo curso. Educación ha exigido que las ediciones electrónicas tengan el 100% de los derechos, para que los alumnos no se vean obligados a pinchar en enlaces que les exige darse de alta y obtener una clave para acceder a la información, según dijo Francisco Álvarez de la Chica.

El consejero señaló que los 200 millones que se destinarán al arreglo de colegios para, además, activar el sector de la construcción durará desde septiembre de 2011 hasta fin de 2012