La juez imputa a 12 personas por el accidente mortal de la A-7

La juez sustituta del Juzgado número 2 de Almuñécar ha dado por cerrada la instrucción del accidente en las obras del viaducto de la A-7 en Almuñécar (Granada) en el que murieron seis trabajadores, cinco portugueses y un español, el 7 de noviembre de 2005. En un auto fechado el pasado día 21 la juez María Marta Cortés imputa los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra la seguridad de los trabajadores a doce personas.

Entre los imputados destacan el jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del Ministerio de Fomento, Juan Francisco Martín Enciso, y el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo La Herradura-Taramay, Pablo Jiménez Moreno. Todos ellos fueron ya citados como imputados en agosto de 2007 por el primer instructor del caso.

Junto a ellos se encuentran en las mismas condiciones responsables de las empresas contratadas, jefes de seguridad, jefes de obra y capataces que participaban de algún modo en la construcción del viaducto.

La juez considera en su auto que los procesos de revisión y mantenimiento de la cimbra siniestrada fueron "insuficientes" y de ahí que existan "indicios racionales de criminalidad suficientes".

La juez Cortés especifica en su auto que, según el Informe de la Inspección de Trabajo, la colocación de una planta de hormigonado debajo de la autocimbra que se desplomó a las 15.40 horas del 7 de noviembre de 2005 entrañaba un riesgo claro.

La juez también sostiene que parece "evidente" que la avería que se produjo en la autocimbra -la estructura deslizante que va colocando los distintos tramos de encofrado- media hora antes, en concreto, en uno de los cables eléctricos del sistema de desplazamiento, debió provocar el desalojo inmediato y no fue así. En lugar de encontrarse sobre ella sólo personal autorizado para reparar la avería permanecían cinco encofradores que fallecieron a consecuencia del desplome.

En el manual de instrucciones de la autocimbra, aportado a la investigación, se detectan "escasas e insuficientes" especificaciones sobre la seguridad y la prevención de sus ajustes, así como del mantenimiento y reparación para comprobar el estado de las soldaduras y de las uniones atornilladas.

El inicio del "colapso" de la cimbra se ubicó en la unión de dos piezas y fue precisamente el aflojamiento de una tuerca de uno o varios tornillos de unión entre el marco trasero y el cordón inferior derecho el que provocó de "forma inequívoca" el inicio del colapso. Así consta en el informe pericial elaborado conjuntamente por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Facultad de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, donde se catalogan como "elementos críticos" los tornillos de unión entre módulos de la cimbra y las uniones soldadas.

Las cargas repetidas y el avance de la cimbra pudieron ocasionar que se aflojaran los tornillos e hicieron perder resistencia a las uniones soldadas. Los "insuficientes" procesos de revisión y mantenimiento no detectaron el fallo. De hecho, según la juez, el plan de seguridad de la UTE La Herradura, principal contratista, no contenía mención alguna a las labores de revisión y mantenimiento. Tampoco consta en el manual de instrucciones, que tilda de "exiguo" la juez. Igualmente el estudio de seguridad y salud elaborado por el Ministerio de Fomento no contenía mención alguna al respecto, ni consta que llevara a cabo ningún tipo de control como tampoco que lo hizo personal de la UTE, lo que contradice incluso las propias directrices del coordinador de seguridad.