La innovación llega a los divorcios

Cuando José Luis Utrera inició su carrera como abogado en 1978, solo la Iglesia católica podía legalmente aprobar la separación de un matrimonio o declarar su nulidad. "Para ejercer ante tribunales eclesiásticos tuve que pedir un certificado de buena conducta a mi parroquia", recuerda, como si estuviera hablando de la Edad Media y no de hace apenas tres décadas. En 1989, Utrera, un hombre de talante progresista, dejó la abogacía y accedió a la judicatura a través del llamado tercer turno.

Tras un breve periodo en Fuengirola y Almería, llegó al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga, encargado de asuntos de familia. En este órgano, donde lleva 13 años, ha implantado un programa que permite resolver de mutuo acuerdo entre el 75% y el 80% de los conflictos judiciales de familia, como las separaciones, los divorcios o las pensiones alimenticias, frente al 60% de la media nacional.

El sistema ha recibido un premio del Consejo General del Poder Judicial

El programa, basado a partes iguales en la eficiencia procesal, el espíritu humanitario y el mero sentido común, ha sido galardonado con el segundo premio de Justicia más transparente, que otorga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La idea, ahora, es exportarlo a otros juzgados de familia del resto de España.

El juzgado de José Luis Utrera, en la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia, llama la atención desde su aspecto externo. La principal novedad la ofrece una pequeña sala, al fondo del juzgado, decorada con mesas y sillas de colores y con libros y juegos infantiles: "Con ella tratamos de que los niños que llegan al juzgado encuentren un entorno menos estresante. La amueblamos con 300 euros", cuenta Utrera, a cuyo juzgado están adscritas una psicóloga y una trabajadora social.

Otra diferencia es la sala de vistas. En ella no hay un estrado para el juez y el secretario y dos estrados enfrentados para las partes, como en las salas tradicionales, sino que todos se sitúan alrededor de una mesa rectangular. Uno de los lados largos tiene cuatro sillas: en las de los extremos se sientan cada uno de los miembros de la pareja en conflicto, y en las dos centrales, sus abogados. Enfrente de ellos se ubica el juez Utrera y el secretario. En los lados cortos se sientan testigos y peritos. "Con esta nueva geografía rebajamos la tensión entre los contendientes, evitando miradas de odio, y al tiempo creamos un marco más favorable para el acuerdo entre los abogados", asegura el magistrado.

El éxito del programa descansa en buena medida en el servicio de mediación intrajudicial que busca evitar que los conflictos acaben en juicio. La psicóloga informa en primera instancia a las familias que considera que se pueden acoger a este sistema y después las deriva a dos ONG que realizan la mediación. En el primer trimestre de este año, de los 25 casos que se han sometido a la mediación, 15 terminaron con acuerdos totales o parciales.

"La mediación no resuelve el atasco judicial, pero las medidas adoptadas por acuerdo entre las partes se cumplen mejor que las sentencias", constata Utrera. El juez, que ha conocido casos de personas que acuden con un notario a entregar a sus hijos a sus ex parejas, redactó en 2005 un "decálogo del buen divorcio" cuyo primer mandamiento es "El divorcio es algo más que un proceso legal". Se trata de recordar que la ruptura familiar conlleva también un trauma emocional, personal y psicológico tanto para los adultos como para los hijos.

Aproximadamente ocho de cada 10 contenciosos de familia tienen que ver, según Utrera, con la cuantía de las pensiones alimenticias. Para hacer la respuesta judicial más previsible y facilitar el acuerdo entre las partes, el magistrado utiliza desde 2000 unos baremos propios para fijar estas pensiones. La experiencia se ha extendido a otros juzgados de familia del resto de España y el CGPJ tiene previsto elaborar unas tablas oficiales basadas en la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la organización interna, se han modificado el reparto de casos para que todos los procesos de una misma familia vayan siempre al mismo juzgado.

La última iniciativa, de 2009, es el llamado "Servicio de Intervención Familiar Postruptura". Utrera la describe como "la UCI del juzgado". Actualmente acuden a ella, por orden del magistrado, "tres o cuatro familias" tan conflictivas que el resto de recursos jurídico-legales han resultado inútiles. A Utrera le gustaría que este "juzgado-tipo" que propone se generalizara, aunque no es optimista. "Lograr esto requiere cierto temperamento por parte del juez, que tiene que hacer de relaciones públicas para contactar con ONG y profesionales. Al juez tradicional esto le cuesta y prefiere que se lo den todo hecho", afirma. Quizá el premio del CGPJ ayude a cambiar.