El enredo del proyecto Riotinto

La cuenca minera de Riotinto ha recibido esta semana como agua de mayo la decisión de la Junta andaluza de estudiar el proyecto de reapertura de la legendaria mina de cobre, por parte de la multinacional Emed Mining, propietaria actual de la unidad industrial minera con el nombre de Emed Tartessus.

Sin embargo, el enredo económico, jurídico-societario y judicial en el que está envuelto la mina onubense va a dilatar sin duda en el tiempo la puesta en marcha, de nuevo, de una explotación que, al precio actual del cobre en los mercados internacionales, podría dar un gran respiro y empuje económico a la deprimida comarca minera.

La Junta de Andalucía cerró a comienzos de los años 2000, y tras una década de conflictos sociales, laborales, y una sangría económica de varias decenas de millones de euros, la actividad industrial en Minas de Riotinto podría remontar. Fue una década en la que la Administración andaluza sufrió muchos dolores de cabeza a cuenta del conflicto social que suponía dejar en la calle a unos 2.500 mineros, (el 10% de la población que ahora vive en la Mancomunidad de la Cuenca Minera Onubense) y cerrar la actividad monocultivo de la que vivían los ocho municipios más próximos a la explotación: Berrocal, El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real. 640 kilómetros cuadrados con unos 20.000 habitantes.

La comarca onubense vuelca sus esperanzas en volver a explotar el cobre

Minas de Riotinto es una explotación que en la era moderna data del siglo XIX (1873) cuando la mina fue vendida por el Estado en 90 millones de pesetas a un consorcio británico y la fundación Rio tinto Company Limited. Un siglo después, la mina regresó a manos españolas (1994) e inició su decadencia debido a la caída en picado del precio del cobre (menos de 1.600 dólares por tonelada) y al alto coste de producción de una mina cuya ley apenas llega al 0,5% de cobre.

La liquidación de MRT, la de la Sociedad Anónima Laboral en la que se transformó, y la subasta de la sociedad anónima a la que regresó, dejaron herida de muerte a una empresa que posteriormente fue adquirida por Mantesur, y liquidada a trozos por propietarios y acreedores, que llegaron a acumular deudas por más de 10.000 millones de las antiguas pesetas (60 millones de euros).

El caso es que todo ese proceso de liquidación empresarial quedó solo vivo para una decena de tribunales que mantienen activas unas decenas de denuncias y querellas por estafas y otros delitos derivados del cierre de aquel conflicto y dejó en la más absoluta ruina a la comarca.

La llegada a Riotinto en 2007 de una multinacional con sede en Chipre, Emed Mining, dispuesta a reabrir la mina supuso un halo de esperanza para los alcaldes, sindicalistas, y ciudadanos de la comarca minera, quienes tras superar el escepticismo inicial del proyecto presentado, han volcado sus esfuerzos y planes de salida de la crisis y la reindustrialización de la zona en la reapertura de la mina. El cobre superaba en enero los 6.700 euros por tonelada.

Emed Tartessus adquirió el 100% de la unidad industrial de Minas de Riotinto, y lleva cuatro años intentando conseguir los derechos mineros para reabrir la explotación. Quedan otros propietarios de suelo minoritarios con los que aún Emed no ha logrado acuerdos para adquirir sus terrenos y que ralentizarán, seguramente, el proceso de reapertura.

La Junta de Andalucía ha mantenido, y así lo han ratificado los tribunales, que para reabrir la mina la empresa debería acreditar la capacidad legal para obtener los derechos mineros, y acreditar su solvencia técnica y económica y de viabilidad del proyecto.

La capacidad legal es la que ha quedado resuelta, según anunció el pasado lunes el consejero de Economía, Antonio Ávila. Queda ahora por determinar el segundo requisito: el proyecto de reapertura presentado por Emed Tartessus ha hecho la boca agua a los ciudadanos del entorno de la mina: 450 empleos directos, 1.500 indirectos, un plan de explotación de 14 años y unos 200 millones de euros de inversión a lo largo del proceso.

La postura de la Administración andaluza se mantiene, y vendrá ahora el tira y afloja para ajustar el modelo de explotación presentado y sus garantías a las normas medioambientales y de minas dictadas por la UE.

De momento, alcaldes y sindicatos han valorado el paso dado esta semana y esperan que en un año el proceso se haga realidad. No menos de 12 meses quedan por delante, según las previsiones de la Administración, y de Emed, que ha anunciado para el primer trimestre de 2012 el inicio de la explotación.