El 'caso Mari Luz' llega a la sala

La Audiencia Provincial de Huelva celebra hoy la primera sesión del juicio por el caso de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años desaparecida a principios de 2008 en el barrio onubense del Torrejón y hallada muerta 54 días después en la ría de Huelva. El pederasta Santiago del Valle y su hermana Rosa serán los primeros en comparecer en calidad de acusados. Después lo hará, como testigo, Isabel García, esposa de Santiago, acusada en un principio de encubridora y libre de cargos desde 2009.

La Fiscalía pide 23 años de prisión para Del Valle (20 por asesinato y tres por abuso sexual) y 17 años para su hermana Rosa (por asesinato). La acusación particular eleva la petición a 32 años para el supuesto asesino. El padre de la menor, Juan José Cortés, aseguró ayer que acatará la sentencia "sea la que sea" porque "la agonía ya ha sido demasiado larga".

El caso Mari Luz se convirtió en un escándalo nacional al poner al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y su supuso la primera rebelión de jueces contra el Gobierno.

Una larga cadena de errores permitió que Del Valle se encontrara en libertad a pesar de estar condenado por diversos abusos sexuales, entre ellos a su hija. Tras el desastre, alguien tenía que dar respuestas. Gobierno y oposición se aliaron contra los jueces y criticaron su "corporativismo". Éstos culparon al sistema y acusaron al Gobierno de "injerencia". Mientras tanto, Cortés recorrió el país en busca de firmas para endurecer las penas de cárcel para los pederastas.

Rafael Tirado, el magistrado del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla, era el responsable de ejecutar las condenas de Del Valle, pero él y la secretaria judicial, Juana Gálvez, no evitaron que el pederasta eludiera la cárcel. Del Valle debería haber ingresado en prisión en diciembre de 2004. La falta de antecedentes penales le permitió seguir en la calle ya que la Audiencia de Sevilla no había redactado aún la sentencia por los abusos sexuales a su hija en 1998. Ese retraso, de dos años y siete meses, y otros fallos permitieron que el pedófilo reincidiera en Huelva.

El Consejo General del Poder Judicial impuso a Tirado una sanción de 1.500 euros en vez de los tres años de expulsión que pedían algunos. Esto generó otra grave protesta social y política. Gálvez fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. Tanto ella como Tirado cambiaron de destino.

Los jueces, por su parte, convocaron una huelga encubierta en su apoyo al considerar que el fallo era responsabilidad de un sistema judicial prehistórico. El escándalo tuvo alguna consecuencia positiva como la creación de un registro de pederastas.

Los hechos sucedieron el 13 de enero de 2008. Santiago del Valle reconoció que llamó a Mari Luz cuando la menor pasaba delante de su casa. Lo hizo porque sentía "eso" que siente por las niñas. Tras intentar abusar de ella "murió por accidente", según su versión. Después, el procesado cambió en varias ocasiones su relato hasta sostener que ni siquiera vio a la niña aquel día.