El caos de los expedientes

El caos en la gestión de los ERE que durante 10 años llevó a cabo el ex director general de Trabajo Javier Guerrero quedó ayer patente después de que la juez del caso, Mercedes Alaya, enviara a las partes los 67 expedientes analizados por la propia Junta al estallar el escándalo.

"No se acompañan planes, proyectos e informes técnicos justificativos de las causas organizativas y de producción alegadas (...) Falta documentación original de las cuentas anuales (...) No se aporta el número y categorías de los trabajadores empleados", denuncian los funcionarios en el procedimiento de información reservada sobre el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la empresa Cetro Aceitunas, que subvencionó la Consejería de Empleo en 2003. "No existe ninguna relación entre el expediente de regulación de empleo, que terminó archivado, y las ayudas concedidas", concluyen los funcionarios.

En el ERE de la empresa malagueña Novo Comlink, destaca la póliza que percibe el anterior director de la empresa: 1.049.000 euros en diferentes pagos hasta 2015. Asimismo, Empleo denuncia la póliza generada a Manuel Jiménez de Miguel, un intruso (persona ajena a las empresas beneficiadas) que el PSOE sevillano mantenía la pasada primavera como afiliado, a pesar de que expulsó del partido a otras personas en situación similar: "No consta que resultara despedido en el marco de un ERE (...) No hay documentación que justifique esta póliza individual, ni es concordante con el expediente de ayudas sociolaborales de la empresa Novo que consta en la Dirección General de Trabajo", aclaran. El intruso percibirá hasta 2017 rentas que oscilan entre 2.159 y 9.221 euros. El PSOE rehusó explicar entonces aclarar por qué mantenía como afiliado a Jiménez de Miguel, que realizó "servicios por cuenta ajena entre 2006 y 2008" para Novo Comlink.

En el ERE realizado en el grupo gaditano Joly, la instructora del expediente resalta que es "sorprendente" que figure como tomadora de la póliza en nombre de la asociación de trabajadores una trabajadora de Uniter, la consultora que gestionó el ERE, que costó a la Junta 7,5 millones. "Esa persona no está en ninguna póliza. Es sencillamente falso. Los funcionarios deben ser inútiles, porque comprobarlo es tan sencillo como pedir un certificado a la aseguradora", lamentó ayer José González Mata, administrador de Uniter.

El expediente del grupo Tragsa está repleto de irregularidades, según los funcionarios de la Junta. "No hay expediente de ERE, por lo que se desconoce la causa de las ayudas recogidas en la póliza (...) Algunos de los trabajadores se prejubilan con edad muy avanzada", critica el instructor del expediente.

Mientras, la juez Alaya pidió a la Guardia Civil en un auto del pasado 12 de septiembre que se coordine con la Dirección General de Seguros para "un análisis completo de cada expediente" que remitió la Junta al juzgado. "Es evidente que lo anterior requiere una enorme concentración de esfuerzos por ambos Cuerpos", subraya. Además, la magistrada pide a la Guardia Civil que analice las empresas e intrusos en tres fases. Tras el trabajo de los agentes, la Dirección General de Seguros emitirá su informe pericial sobre cada póliza y finalmente la Guardia Civil tomará declaración a los intrusos y emitirá sus conclusiones policiales.