El alcalde de Carboneras, condenado por calumnias

El alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, ha sido condenado por calumniar al magistrado de la Audiencia Provincial, Manuel Espinosa, a 15 meses de multa y al pago de una indemnización de 5.000 euros. Espinosa fue uno de los tres magistrados que, en febrero de 2005, consideró a Fernández y a su hermana Rosario, entonces edil de Presidencia, autores de un delito electoral por el que el regidor fue condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público. Esta sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Cristóbal Fernández suma ya dos condenas después del indulto de 2006

Fuera ya de la alcaldía, a la que tuvo que renunciar por la condena impuesta por coaccionar a un funcionario durante la campaña electoral para las elecciones municipales de 1999, Fernández fue indultado por el Gobierno.

Este indulto llegó en diciembre de 2006, lo que le permitió volver a presentarse a las elecciones municipales de 2007 y ganarlas. El indulto ponía la condición de no volver a cometer delito doloso en el plazo de dos años, según recoge el Boletín Oficial del Estado.

Proclamado de nuevo alcalde de Carboneras en las últimas municipales, en las que el PSOE mantuvo la mayoría absoluta del consistorio, Cristóbal Fernández ha sido condenado en dos ocasiones desde la publicación del indulto por hechos ocurridos con anterioridad.

Estos dos casos están estrechamente relacionados con la causa que derivó en el expediente de indulto que acordó el Consejo de Ministros.

La última condena en darse a conocer y la de mayor gravedad es la que se refiere al magistrado de la Audiencia Provincial que formó parte del tribunal que le enjuició por un delito electoral entre el 12 y el 25 de enero de 2005.

Pocos días después de que el juicio se celebrara y quedara visto para sentencia, el regidor convocó una conferencia de prensa para informar de su petición de recusación del magistrado Manuel Espinosa.

Fernández alegó que el juez era cuñado del director de Endesa en Carboneras, Rafael Tapia, y que esta compañía aspiraba sin el beneplácito del consistorio a ampliar su central eléctrica instalada en el municipio.

"Una hipotética condena mía tendría grandes consecuencias y Endesa se encontraría con menos dificultades para obtener lo que pretende", afirmó el regidor en su comparecencia pública ante los medios.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería considera en su sentencia que las declaraciones del alcalde lesionaron el honor del magistrado, al que entiende que acusó de un delito de prevaricación de una forma "antijurídica".

También apreció una conducta sancionable por parte del alcalde el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera, que en abril de este año le consideró autor de una falta de injurias a un funcionario, cometida en enero de 2005 a las puertas de la Audiencia de Almería, donde se celebraba entonces el juicio contra él por delito electoral.

Tanto en este caso como en el que atañe a las calumnias al magistrado, los hechos que han derivado en una condena para el alcalde son anteriores a la fecha en la que se le concedió el indulto. En este sentido, un portavoz del Ministerio de Justicia aclaró ayer que, sin entrar en el detalle de este caso y como norma general, cuando los hechos delictivos son anteriores a la concesión del indulto, ésta se mantiene.