El alcalde de Alhaurín alegará indefensión en el juicio
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, del PP, va descubriendo su estrategia ante el juicio por corrupción del llamado caso Troya, que se iniciará el próximo 22 de septiembre en la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado del regidor alegará "indefensión por indeterminación de la acusación" en el trámite de cuestiones previas. En esta fase anterior a la vista oral, las partes pueden exponer fallos y defectos de la instrucción que en su opinión invalidarían total o parcialmente el sumario.
Martín Serón se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años y medio de prisión, 19 años de inhabilitación y multa de 500.000 euros. El ministerio público le acusa de cobrar 238.785 euros a promotores con intereses urbanísticos en la localidad a cambio de concederles licencias de obra ilegales. Además del regidor, en el banquillo de los acusados se sentarán el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, varios funcionarios municipales, empresarios y promotores.
Cinco delitos
La defensa destaca que al alcalde "se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo, pero no se establecen los hechos en los cuales aparece la conducta omisiva que ha dado lugar a dicha calificación jurídica". En el escrito se añade que "nunca se ha formulado, en toda la instrucción, un hecho concreto y determinado contra Martín Serón" y solo "se han ido efectuando diversos informes policiales, carentes de objetividad, imparcialidad y debida acreditación".
Según la Fiscalía Anticorrupción, las autoridades municipales ofrecían a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de "obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista (...) a cambio de la oportuna retribución económica". La trama funcionó desde 2002 hasta enero de 2007, afirma el ministerio público.
El fiscal considera a Guerra el principal responsable del plan, y pide para él un total de siete años y medio de prisión, 35 años de inhabilitación y multa de 1,6 millones por 11 delitos de cohecho pasivo y 14 delitos contra la ordenación del territorio.
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