Un ajuste muy desigual

El Parlamento andaluz convalidará hoy el decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, que sustituye al aprobado en julio pasado para reordenar el sector público andaluz, y que ha originado el conflicto social y laboral de empleados públicos más grave con el que se ha enfrentado cualquier Gobierno andaluz. El Ejecutivo inicia así el proceso para tramitar como proyecto de ley el polémico decreto, que recibió también críticas precisamente por haberse promulgado en verano (27 de julio) y alegando motivos de urgencia, y que busca un consenso parlamentario difícil de lograr.

Pero, ¿por qué y qué están haciendo en este sentido el resto de comunidades?

El 22 de marzo de 2010, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó que todas las comunidades autónomas tenían tres meses de plazo para presentar un plan de reestructuración de su sector público. Desde entonces, solo cuatro autonomías, según un informe elaborado por la Junta de Andalucía, han ido cumpliendo los plazos y el contenido del acuerdo del CPFF: Cataluña, Baleares, Extremadura y la propia Andalucía, que ha tratado de explicar sin demasiado éxito todos los avatares de su plan y la inocuidad para sus empleados públicos.

Otras cinco comunidades (Valencia, Madrid, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha) iniciaron el proceso fuera de plazo y están ejecutando medidas sin ofrecer demasiados datos, mientras que Murcia, Cantabria, Canarias y La Rioja, no han acometido ningún proceso. En el caso de Aragón se ha creado una corporación empresarial sin definir un plan, mientras que Asturias ha anunciado que lo incluirá en una disposición adicional de su ley de presupuestos de 2011.

Los planes presentados por las distintas comunidades pueden agruparse en tres tipos diferentes. En el primero se incluyen aquellas comunidades que han creado nuevas entidades de derecho público (con denominación diversa), para realizar variadas funciones y en las que se agrupa tanto personal funcionario o laboral proveniente de las consejerías y organismos autónomos, como el personal laboral propio de sociedades mercantiles o fundaciones disueltas. Son el caso de Andalucía (agencias por decreto); Cataluña (agencias por decreto-ley), Baleares (por ley); Castilla-León (agencias mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos) y Galicia, que constituye agencias públicas autonómicas a través de una ley específica de administración y sector público.

Extremadura, que crea por decreto una especie de SEPI, y fusiona ocho empresas en ella, y Castilla la Mancha, que a través de un proyecto de ley específico suprime organismos autónomos y los integra en las consejerías, y además fusiona entidades y empresas, serían un segundo grupo o tipo de reforma.

El tercer grupo lo compondrían las comunidades de Madrid y Valencia, que han optado por disolver o liquidar una serie de entes con escasa repercusión en el ahorro de costes y con el despido indemnizado del personal de las empresas públicas liquidadas. Su reordenación tampoco lleva aparejado una reforma de la organización de sus entidades instrumentales.

La situación en la que queda el personal en las comunidades que han optado por crear agencias públicas es similar en Andalucía, Cataluña, Galicia, y Castilla y León. Es decir, los funcionarios y los laborales de las consejerías se integran en las nuevas agencias, que además se subrogan el personal de las empresas públicas, que mantendrán su régimen laboral, con la excepción de Galicia, en la que aún no se ha concretado que ocurrirá con este colectivo, según el informe de la Junta.

La información de estos planes de reestructuración no ha sido todo lo transparente que debería y el resultado en ahorro apenas supone 329,6 millones con la información disponible. Así Cataluña dice que afectará a 9.645 empleados públicos pero no detalla bajas; Castilla-La Mancha no da datos; Madrid dice que suprime 24 altos cargos, 274 empleos y se reordenan 10.574 empleados, y Valencia, que eliminará 248 de las 15 entidades extinguidas. Andalucía eliminará 180 altos cargos y se verán afectados 23.476 empleados públicos.