Los abogados sugieren que la prueba clave de Malaya pudo manipularse

La fase de cuestiones previas del juicio del caso Malaya sigue deparando sorpresas. En la sesión de ayer, la octava, las defensas pusieron en entredicho la custodia de la prueba clave del sumario: el archivo informático con la contabilidad de Juan Antonio Roca. Los letrados llegaron incluso a sugerir que la hoja de cálculo hallada en la sede de Maras Asesores en la que el cerebro de la trama corrupta marbellí supuestamente apuntó los pagos con dinero negro a concejales y los cobros a los promotores pudo ser manipulada por la policía judicial.

El primero en lanzar la sospecha fue el letrado Hipólito Martín, que representa a la ex concejal andalucista María José Lanzat. En una presentación muy efectista, el abogado, ayudado por el informático de la sala, introdujo sus iniciales, así como las del fiscal y las de los tres miembros del tribunal, en una copia del archivo de Excel con la contabilidad de Roca. Con ello trataba de demostrar que el archivo que recibió el juez instructor Miguel Ángel Torres es perfectamente manipulable.

Un defensor acusa al juez Torres de dirigir "una instrucción de tipo 'fascistoide"

Además, el abogado hizo constar que el archivo presentado al juez Torres por la policía tiene como última fecha de modificación junio de 2006, cuatro meses después de su hallazgo en el despacho particular de Roca. "Los documentos estuvieron más de cuatro meses fuera de la custodia policial", aseveró Martín, antes de afirmar que el disco compacto que contiene el archivo de Maras "no contiene la garantía de integridad e intangibilidad necesaria para este tipo de pruebas". El letrado de Lanzat fue aun más lejos y apuntó la "posibilidad" de que el archivo fuera "alterado". Eso sí, a renglón seguido dijo que "en ningún momento" quería poner en duda la honestidad y la profesionalidad de los agentes que llevaron el caso.

La exposición de Hipólito Martín, que se produjo antes del receso habitual de media sesión, provocó los aplausos de un puñado de procesados. Otros letrados, como Ernesto Osuna, se adhirieron a este argumento para pedir la nulidad del archivo informático, junto con la del resto de las actuaciones.

La intervención más sonada la realizó el letrado madrileño Primitivo de la Quintana. El defensor del ex edil gilista José Luis Fernández Garrosa lanzó un durísimo ataque a la figura del juez Torres, de quien dijo que había llevado a cabo "una instrucción de tipo fascistoide". El magistrado que preside la sala, José Godino, en este caso optó por dejarle hablar. Poco antes, ya le había parado los pies y obligado a retirar el calificativo de "tortura", referido a las detenciones y órdenes de ingreso en prisión por el instructor de la causa contra la corrupción.

Las sesiones de cuestiones previas del caso Malaya se retomarán el próximo lunes. Es probable que ese día terminen sus alegatos el resto de abogados, hasta completar los 95 procesados en la trama. El martes, presumiblemente, le llegará el turno al fiscal y a las acusaciones particulares para responder a la avalancha de peticiones de nulidad que se han producido desde el 27 de septiembre.