El Tribunal Supremo absuelve al juez Urquía del delito de prevaricación

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al juez Francisco Javier de Urquía Peña del delito de prevaricación por el que le condenó el pasado agosto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, le sigue considerando culpable, junto al ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, de un delito de cohecho.

Urquía, separado del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, fue condenado a dos años de prisión por pedir y aceptar 73.800 euros de Roca para la compra de su vivienda a cambio de favores judiciales.

El Supremo mantiene al magistrado condenado por cohecho, aunque la pena de dos años de prisión impuesta en primera instancia podría reducirse.

El abogado del magistrado recurrirá su "indefensión" al Constitucional

El Supremo avanzó ayer su decisión pero tardará unos días en redactar la sentencia y motivarla. En su fallo explicará si está de acuerdo con que cometió un cohecho pasivo, como hizo el TSJA, aplicándole el artículo 419 del Código Penal. Este apartado contempla una pena de prisión que va de los dos a los seis años. Los siguientes artículos, hasta el 427, rebajan las condenas hasta contemplar únicamente multas.

Según la descripción legal, para que se produzca este tipo de cohecho, también llamado "de resultado cortado", no es necesario que la autoridad o el funcionario público realice la contrapartida de la dádiva.

El delito de prevaricación del que le han absuelto le libra de una multa de 36.500 euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones judiciales. El TSJA basó su condena por este delito, ahora revocada, en una serie de movimientos que supuestamente hizo el juez para evitar que se emitiera un programa de televisión sobre el patrimonio de Roca.

Durante la vista en el TSJA, celebrada en julio de 2008, Roca reconoció haber entregado a Urquía 73.800 euros a cambio de favores judiciales. Esta declaración cogió por sorpresa a Urquía, cuya defensa, ejercida entonces por Antonio González-Cuéllar, ya fallecido, reclamó en vano la suspensión del juicio para que se practicaran nuevas pruebas.

Urquía y su letrado sostuvieron que la confesión de Roca obedecía a un pacto con la Fiscalía para lograr una reducción de condena. El ex asesor de Urbanismo fue condenado a un año de prisión por cohecho activo.

El TSJA explicó en su sentencia condenatoria que tuvo en cuenta la declaración incriminatoria de Roca y una serie de indicios "probados, interrelacionados y que se refuerzan entre sí".

Entre ellos están las conversaciones del ex asesor de urbanismo marbellí con el vendedor de la casa de Urquía, en las que le preguntó "la excedencia" [dinero sin declarar] que tenía que poner a la firma del contrato; el hecho de que Roca tuviera el contrato de compra de la casa de Urquía en su despacho; o que ordenara a su contable que anotara la salida de 63.000 euros y 10.800 euros el 17 de marzo de 2006, día en el que se firmó la compra y el magistrado entregó esas cantidades al vendedor de la casa. Unos días antes el juzgado de Urquía tramitó la suspensión del programa televisivo que molestaba a Roca.

El nuevo abogado de Urquía, Nicolás González-Cuéllar, hijo del letrado fallecido, está dispuesto a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para demostrar que durante el juicio en el TSJA se causó indefensión a su cliente. "Con todo el respeto al Tribunal Supremo, vamos a proceder a impugnar la sentencia del Supremo ante el Constitucional", aseguraron fuentes de la defensa.

Urquía tiene pendiente otra causa en instrucción en el TSJA por dejar en libertad a cambio de dinero a tres implicados del caso Hidalgo, que instruía él, y por el supuesto chantaje a un empresario hotelero marbellí implicado en la misma causa.