El Supremo niega potestad a los jueces sobre los aparcamientos

El Tribunal Supremo ha negado que los jueces y magistrados de Málaga tengan potestad para decidir sobre el uso y la distribución de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia de esta ciudad. En una sentencia leída el pasado 31 de marzo, el alto tribunal ha avalado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dejar sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano de la capital, Manuel Caballero-Bonald, por los que los magistrados se reservaban las plazas de estacionamiento alegando motivos de seguridad.

Los acuerdos de los jueces malagueños, adoptados en julio de 2009, crearon un fuerte malestar entre los funcionarios de justicia, que vieron en ellos un intento de perpetuar privilegios de casta. Los sindicatos lograron que Begoña Álvarez, entonces consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, administración encargada de la construcción y gestión de las infraestructuras, dejara sin efecto las distinciones de acceso al aparcamiento.

Sin competencias

En octubre de 2009, el CGPJ anuló los acuerdos de los magistrados malagueños al entender que estos "no se ajustaban a la legalidad", ya que "no se encuentran dentro de las competencias de los decanos dictar resoluciones en orden a distribución de espacios y, en concreto, a la asignación de aparcamientos".

Fue la Asociación Francisco de Vitoria, de carácter moderado, la que recurrió la decisión del CGPJ ante el Tribunal Supremo. Finalmente, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal recuerda que tanto la dotación de medios materiales para juzgados y tribunales, así como la "fijación de las reglas para su utilización" corresponden legalmente al Ministerio de Justicia, o los gobiernos autonómicos en aquellas regiones con competencias transferidas. "No procede confirmar la competencia del Decano o del Presidente de la Audiencia Provincial en la valoración de la cuestión suscitada", dictamina el Supremo.

En cualquier caso, la polémica continúa. El recientemente dimitido consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, acordó a principios de año con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asignar las plazas de aparcamiento a los jueces.