Querella presentada, negada y retirada

El punzante guión de ataque del PP andaluz a los socialistas del último mes, y el más duro de la legislatura, cogió ayer aires de comedia. A primera hora de la tarde se supo que el partido había presentado el pasado lunes una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el vicepresidente tercero del Gobierno y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves, y su hija Paula, por prevaricación y tráfico de influencias, a raíz de la concesión, cuando era la máxima autoridad de la Junta, de una subvención a una empresa en la que trabaja su hija.

La querella estaba registrada a nombre del PP andaluz, pero éste, al conocer la noticia -que trascendió por conductos judiciales- lo negó tajantemente. Se organizó un aparatoso desconcierto y una espera interminable. Finalmente, la sede central de Génova envió un comunicado en el que reconocía la iniciativa en los tribunales y anunciaba su retirada.

Aunque la querella fue registrada en nombre del PP andaluz, éste lo negó

El abogado que tramitó la iniciativa actúa siempre a las órdenes de Trillo

Todo ocurrió en pocas horas.El Parlamento andaluz debatía ayer la creación de una comisión de investigación -que fue rechazada por la mayoría socialista- sobre el incentivo de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde la hija del ex presidente, Paula Chaves Iborra, está contratada como letrada. El PP andaluz y su líder Javier Arenas han convertido este asunto en su tema estrella y no ha habido sesión de la Cámara autonómica en la que los diputados populares hayan dejado de acribillar con ásperas preguntas al gabinete del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Lo mismo ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde el objetivo a batir ha sido directamente Chaves.

Pero hasta ahora, los canales elegidos habían sido sólo políticos y administrativos. Apenas dos horas antes de que saltara la noticia, fuentes del entorno de Arenas habían comentado que prácticamente descartaban ir contra Chaves por la vía penal. En primer lugar, porque la querella, con los datos que se conocen, tiene pocos visos de prosperar; y segundo, porque, aseguraron, en el partido no hay "ningún interés" de ver al socialista "en los tribunales". Estas fuentes, en una conversación informal en los pasillos de la Cámara, apuntaron, incluso, que sus servicios jurídicos opinaban que el presunto tráfico de influencia podría estar en la intervención de supuestos mediadores y no en la actuación de Chaves.

El PP andaluz trabaja en estos momentos en la línea de un contencioso administrativo por una presunta violación de la Ley Incompatibilidades.

En un primer momento, los servicios de prensa de Arenas desmintieron la noticia. El líder popular y su segundo, Antonio Sanz, llegaron a afirmar que no podían confirmar la veracidad de la querella, aunque estaba registrada a nombre de la organización andaluza. Después se convocó una reunión urgente de la cúpula en el mismo Parlamento, con la promesa de dar una explicación. Bien entrada la tarde, y pese a la formidable expectación, el PP andaluz dijo que iba a ser Génova la encargada de esclarecer el entuerto.

El PP nacional, sobre las 20.00, remitió entonces un suscinto comunicado en el que oficializó la marcha atrás con el argumento de que "había obtenido nuevos datos" y quería ampliar la documentación. En la nota se dice también que dos equipo de abogados trabajan en Andalucía y en Madrid, con lo que sugiere una posible descoordinación. En cualquier caso, Javier Arenas se fue del Parlamento sin decir nada más ni aclarar si la denuncia se había interpuesto a sus espaldas.

La querella lleva la firma del procurador José Luis Recuero y del abogado Juan Ramón Montero Estévez, representantes habituales del PP ante la jurisdicción penal. Montero actúa siempre a las órdenes de Federico Trillo, responsable de Justicia en el PP, informa Julio Martínez Lázaro.