El Parlamento urge a mejorar la formación de los maestros

Un buen cuerpo de profesores es la clave de un buen sistema educativo. Los estudios internacionales llevan años señalando el camino. Y el Parlamento andaluz, donde ayer se cerró el grupo de trabajo creado por PSOE, PP e IU sobre la formación del profesorado, ha recogido este mensaje y lo ha traducido en 92 medidas. El dictamen final de este grupo, que hoy se votará, será apoyado por PSOE e IU. El PP se abstendrá. Está previsto que en septiembre se debata en el pleno del Parlamento.

Las 92 recomendaciones buscan mejorar la formación de los docentes de la educación obligatoria en su paso por la Universidad, durante el concurso de oposiciones para acceder al sistema público y durante toda la trayectoria profesional de cada profesor.

En el informe se reclama que se adecue la oferta universitaria "a las necesidades del sistema educativo andaluz". Además, se pide que "el proceso de selección de los mejores profesionales docentes comience con la formación inicial". Es decir, el acceso a la carrera universitaria -ya sea al grado para infantil y primaria o al master para secundaria- "no debería basarse únicamente en la nota de corte". Por lo que se plantea que se pongan en marcha otras "herramientas psicotécnicas que permitan comprobar la motivación y la posible adaptabilidad del aspirante a docente".En el informe aprobado ayer también se incide en la importancia de que "las universidades inicien la reducción progresiva del número de alumnos y alumnas por grupo en los nuevos grados, especialmente de maestros".

Respecto a la mejora de la formación de los docentes, como adelantó ayer El Correo de Andalucía, se reclama a las universidades que "lleven al máximo legal posible el número de créditos de prácticas en la formación inicial de maestros, con el objetivo de alcanzar los dos cursos", el doble de lo que se contempla ahora. Además, se pide que la evaluación de las prácticas "sea más determinante para la obtención del título de grado o máster". Todas estas medidas siempre deberán contar con la colaboración de las facultades, ya que son estas instituciones, dentro de la autonomía universitaria, las que fijan la aplicación de los planes de estudio.

La importancia de las prácticas flota en todo el documento impulsado por el Parlamento. También a la hora de seleccionar a los docentes del sistema público de enseñanza a través de los concursos de oposiciones.

En la medida 31 se insta al Gobierno central -del que depende este asunto- a que establezca "un nuevo modelo de acceso a la función pública docente" en el que se "procure reproducir las circunstancias y situaciones que el profesorado se va a encontrar en el aula". Por ello, se debe "potenciar en este procedimiento la parte práctica, teniendo en cuenta que los conocimientos teóricos se exigen para la obtención de las titulaciones universitarias previas". Además, también se reclama que el concurso de oposiciones "cuente con una fase de prácticas, que se realizará en centros de distintas características, que tendrá la duración de, al menos, un curso académico y en la que se comprobará el grado de desarrollo de las competencias profesionales de cada candidato o candidata". La evaluación de la fase de prácticas "permitirá comprobar la competencia profesional del aspirante".

Esta propuesta, que ya se barajó en 2009 en otro grupo de trabajo sobre educación en el Parlamento regional, está en la misma línea de lo propone el Ministerio de Educación, que ha presentado a los sindicatos el borrador del nuevo decreto de acceso a la función pública docente.

El ministerio también defiende que sea necesario superar un curso entero de prácticas para poder lograr la plaza definitiva. En este momento, cuando los aspirantes aprueban la fase de oposiciones, están cuatro meses en prácticas, pero este proceso suele ser un simple trámite, ya que son pocos los que no lo superan.

La intención del ministerio, y del grupo de trabajo del Parlamento andaluz, es darle importancia a esta fase. El documento aprobado ayer en el Parlamento regional señala que la evaluación de estas prácticas debe garantizar "el acceso a la condición de funcionario de aquellas personas que reúnen las habilidades y técnicas precisas para el ejercicio efectivo de la actividad docente". Además, se pide que la dirección de esta fase "se lleve a cabo por profesorado experimentado, seleccionado en función de su trayectoria profesional y de su compromiso con la mejora de la práctica educativa". Las prácticas se deberían realizar "en centros docentes especialmente acreditados por su trayectoria en la innovación educativa y en las buenas prácticas".