El PP lleva a la fiscalía la gestión del PSOE en el gobierno de Jerez

La gestión económica del Ayuntamiento de Jerez durante los últimos dos años llega a la justicia. La alcaldesa, María José García Pelayo (PP), denunciará en la fiscalía al anterior gobierno socialista por el desvío de 7,6 millones de euros de los planes anticrisis del Estado para el pago de salarios de la plantilla municipal y de proveedores.

Según una auditoría interna encargada por la dirigente popular, la exalcaldesa Pilar Sánchez firmó, con el informe en contra del interventor y del tesorero, la retirada de fondos de cuentas restringidas para afrontar los salarios de los trabajadores y las deudas con acreedores.

En concreto se usaron 10 millones de euros de los planes estatales y del Centro Nacional de Flamenco para completar seis mensualidades de la nómina municipal y 1,7 millones de euros para proveedores. Después, se repuso parte del dinero, pero el desfase resultante asciende a 7,6 millones.

El anterior gobierno local acudió a esta vía de financiación en 11 ocasiones. La primera, en septiembre de 2010; y la última, en mayo de 2011, cuando se sacaron de las cuentas restringidas 2,4 millones de euros para abonar la última nómina del mandato antes de la derrota electoral del PSOE.

"Vamos a presentar una denuncia formal en la fiscalía por la gravedad extrema de los hechos y por las importantes consecuencias económicas que estos desfases de tesorería van a tener para el Ayuntamiento", anunció ayer Pelayo, quien afirma que no le mueve "un ánimo revanchista".

Los socialistas, hasta ahora, no han negado el desvío de fondos, que ya tiene una primera consecuencia para el ayuntamiento de Jerez. El Estado reclama la devolución del capital que no se ha destinado a su fin: la ejecución del Centro Nacional de Flamenco y un total de 14 obras de diversa índole. El gobierno municipal ya avanza que el Consistorio jerezano, con una deuda que roza los 1.000 millones de euros, no dispone de esa cantidad de dinero, por lo que la alcaldesa no oculta que las obras que no se han iniciado, si no cuentan con financiación externa, no se podrán ejecutar. Entre las afectadas se encuentran la escuela de idiomas y el museo de Lola Flores, que debía inaugurarse antes de las pasadas elecciones.

También peligra otro ambicioso proyecto: la Ciudad del Flamenco o Centro Nacional de Flamenco, como lo llamó el Ministerio de Cultura. Según la auditoría, el anterior gobierno también usó dinero de las obras costeadas por el Estado para pagar nóminas. Pelayo reveló ayer que una sentencia del TSJA obliga al "pago inmediato" de 3,5 millones de euros por las obras de cimentación del proyecto, la única fase ejecutada hasta el momento.

No es la primera vez que Pelayo acude a la vía judicial para dirimir la gestión de su antecesora. Antes de las elecciones, el PP denunció llevó al fiscal la concesión irregular de subvenciones municipales a dos empresas del parque tecnológico de la ciudad. Próximamente, Pilar Sánchez deberá declarar ante el juez en calidad de imputada.