La Junta pide 40 años de prisión para el cerebro del 'caso Malaya'
La Junta de Andalucía, personada en el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha pedido en su escrito de acusación provisional una condena de 40 años de prisión para el presunto cerebro de la trama Juan Antonio Roca, y una multa de más de 78,5 millones de euros.
Las reclamaciones judiciales de la administración andaluza ante el esperado macrojuicio se mueven en los baremos de otras acusaciones particulares. El Consistorio marbellí, también personado, solicitó 39 años de cárcel para Roca, mientras que la Fiscalía Anticorrupción rebajó sus pretensiones hasta 30 años de prisión.
En su escrito, difundido por Europa Press, la Junta acusa al ex asesor de urbanismo de nueve delitos, algunos de ellos con carácter continuado, como cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, alteración de precios de concursos, tráfico de influencias, desobediencia, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Además, pide que se le inhabilite para empleo público durante 67 años.
Para el ex alcalde Julián Muñoz reclaman 14 años de cárcel, 32 de inhabilitación y multa de 600.000 euros. Para la ex alcaldesa Marisol Yagüe, 17 años y medio de prisión, 39 de inhabilitación, y 4,8 millones de multa.
Abogado del Estado
La Abogacía del Estado también ha realizado su acusación contra cuatro personas, entre los que están Roca, el ex primer teniente del alcalde del GIL Pedro Román, el ex comisario Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman.
Cada uno se se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión por un delito contra la Hacienda Pública supuestamente cometido durante la operación urbanística Crucero Banús. Además, se acusa a Román de otros cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicita ocho años de prisión por no declarar sus ganancias patrimoniales.
En el caso de San Agapito, el abogado del Estado cree que "existen indicios de una ganancia patrimonial no declarada en 2001", por lo que solicita para él dos años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, insta a que paguen las cantidades que supuestamente defraudaron a Hacienda.
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