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La Junta exige investigar la llegada de 41 menores desde Canarias

La manutención y cuidado de cada joven 'sin papeles' cuesta 2.500 euros al mes

Javier Martín-Arroyo

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, insistió ayer en su petición para que se investigue y aclare cómo 41 adolescentes inmigrantes han llegado desde Canarias hasta los centros andaluces de acogida desde finales de 2009. Un goteo de menores que va a más, según la Junta de Andalucía.

L. B., de 17 años, llegó desde Guinea a Huelva el 25 de noviembre de 2009 tras atravesar Senegal, de ahí en cayuco a las islas Canarias y luego en avión a Barcelona, para finalmente coger un autobús a Lepe (Huelva). Allí la policía lo entregó a un centro de acogida. Es uno de los casos que ilustra un documento interno de la consejería.

La denuncia de la Junta sostiene que cuatro adolescentes volaron desde Tenerife hasta Granada a pesar de que no existe ningún convenio para que Andalucía acoja los menores inmigrantes que llegan al archipiélago. Además, otros 37 volaron a Madrid, Valencia y Barcelona y posteriormente se trasladaron en autobús hasta ciudades andaluzas como Almería y Huelva, según el testimonio de los menores. La información fue trasladada a la Secretaría de Estado de Inmigración hace dos meses para que esta investigue, a pesar de que no tiene potestad, ya que las competencias son de las comunidades. Cómo adquirieron los billetes de avión y atravesaron el control policial del aeropuerto canario sin compañía de adultos son interrogantes por resolver en esta agria polémica.

El Gobierno canario volvió a negar los traslados de los chicos a Andalucía
La consejera Navarro afirma que tiene datos y se niega a disculparse
El Ejecutivo asegura que 41 adolescentes han sido enviados de forma irregular
L. B. llegó desde Guinea a Huelva tras navegar a Canarias y volar a Barcelona

La semana pasada Navarro acusó en una entrevista a Europa Press al Gobierno de Canarias de enviar a niños subsaharianos de forma supuestamente irregular desde el archipiélago a Andalucía a través de la Cruz Roja. Pero ayer evitó cargar las tintas contra Canarias y repartió las culpas por la llegada de menores entre varias comunidades. "Yo no acuso a nadie, solo relatamos unos hechos y sus consecuencias (...) Pero hay un hecho muy claro, han llegado vía Canarias", subrayó.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, negó la semana pasada los hechos y exigió a Navarro que pidiera disculpas. Ayer la consejera se negó a ello: "Cuando me equivoco pido disculpas y en este caso no me he equivocado". El hecho de que 37 menores volaran a otras ciudades de la Península podría hacer responsables a los centros que los acogieron temporalmente, pero solo en caso de que se hallaran evidencias de que dichos centros hubieran pagado el billete de autobús de los menores hasta Andalucía, ya que las residencias son abiertas y cualquier niño puede salir por iniciativa propia.

Navarro alegó que la presencia de unos 800 menores inmigrantes en Andalucía se puede tornar "insostenible, económica y socialmente hablando", y a continuación recordó que cada joven supone un gasto a la Administración de 2.460 euros al mes.

El Gobierno de Canarias volvió a negar ayer los hechos. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Canarias mostraron su "profundo malestar" ante las nuevas acusaciones vertidas por Navarro. A continuación, aseveraron que su homóloga canaria, Inés Rojas, había intentado en numerosas ocasiones contactarla para pedirle explicaciones y aún no se ha producido respuesta alguna, informa Pedro H. Murillo. En el archipiélago existen hoy 518 menores extranjeros tutelados.

El resto de comunidades, entre ellas Valencia y Madrid, investigan el desvío de menores a los centros andaluces, según fuentes de Igualdad. El próximo paso lo dará previsiblemente el Ejecutivo central, que se comprometió a mediar en la polémica.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ayer en la comparecencia ante los medios.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ayer en la comparecencia ante los medios.G. C.

Cruce de declaraciones

- La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, acusó al Gobierno de Canarias la semana pasada de enviar a menores inmigrantes subsaharianos de forma irregular desde centros de protección del archipiélago a Andalucía a través de la Cruz Roja. La Junta informó de que había enviado 40 expedientes al Gobierno central para su análisis. Canarias negó los hechos y el Ejecutivo central aclaró que no tiene potestad y las competencias son de las comunidades.

- Al día siguiente, Navarro limitó la responsabilidad del Gobierno canario a cuatro casos en los que los chicos volaron directamente desde Tenerife hasta el aeropuerto de Granada a pesar de que no existe convenio entre ambas comunidades. Los otros 37 menores habían llegado tras volar hasta Madrid, Barcelona y Valencia. El presidente canario, Paulino Rivero, exigió disculpas a la consejera ante las graves acusaciones.

- Ayer la consejera pidió que se investigue la llegada de los 41 menores y evitó cargar las tintas contra Canarias. Navarro rechazó las disculpas ante Canarias porque se limitó a "describir una realidad". La Junta considera que el acogimiento de 800 menores inmigrantes se puede tornar "insostenible".

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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