La Junta denuncia una trama de 18 empresas en el fraude de los ERE

La Junta de Andalucía presentó el pasado 28 de octubre a la juez que instruye el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, un extenso informe en el que denuncia la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habrían percibido de manera irregular unos 20 millones de euros. En el informe enviado a la instructora se cita a siete personas -entre las que figura José Enrique Rosendo Ríos- que ostentaban u ostentan los cargos de administración de esas sociedades.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, informó ayer a partir de la una de la tarde del envío de este informe después de la que la juez citara, sobre las 11.30 horas, a los procuradores para darles a conocer su último auto.

La magistrada pide información a los bancos con los que trabajó Rosendo

En el informe, la Junta hace "un detallado estudio" de las ayudas públicas recibidas por el grupo empresarial liderado por Rosendo en el que amplía en seis el número de empresas que ya investigaba el juzgado. Todas ellas operan en la Sierra Norte de Sevilla, la comarca de la que es natural el ex director general de Empleo Javier Guerrero, principal imputado en el caso.

En un auto con fecha del 28 de octubre, Alaya cita el nombre de 12 empresas vinculadas a Rosendo, que inicia su carrera empresarial en la Sociedad de Desarrollo Local, participada por el Ayuntamiento de El Pedroso, cuando el alcalde era su padre. Las otras empresas que cita la juez son las siguientes: La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte; Tierra Virgen de Alimentación; construcciones y Urbanismo Sierra Norte; Arcadia Emprendedora; Matadero Sierra Morena; MSM Montanera de Jabugo; Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI; Al Ballut Dehesas de Calidad; Corral del Conde Sierra Morena; Restaurantes Andaluces de Calidad; y Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico. El importe total de las ayudas percibidas por estas sociedades es de 13,7 millones de euros.

La Junta facilita a la juez en su escrito el nombre de media docena de empresas más y estima que la cantidad defraudada puede elevarse a unos 20 millones de euros. La portavoz del Gobierno no facilitó el nombre de las empresas ni de las siete personas que aparecen de manera repetida en estas sociedades. La Junta ha pedido a Alaya que cite como imputadas a estas siete personas y llame como testigo a otras tres, unas pruebas que la magistrada considera que "no ha lugar por ahora".

En el escrito remitido a la juez, la Junta de Andalucía pone el acento en lo que ha sido su principal línea de defensa en este caso. Es decir, en concentrar en Guerrero toda la responsabilidad al ser él quien firmaba los expedientes de concesión de las ayudas. La Junta abrió esta investigación interna al llegar el caso de los ERE a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. Dos sentencias del alto tribunal anulan las ayudas directas concedidas al no existir la más mínima justificación administrativa de los expedientes de concesión. La Junta se negó a pagar estas subvenciones y los supuestos beneficiarios recurrieron la decisión al TSJA, que las anuló.

En el escrito, la Junta describe la ausencia sistemática del procedimiento administrativo seguido por Guerrero para conceder estas ayudas. Algunas de ellas no tenían el respaldo del convenio entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía necesario para instrumentar el pago de las subvenciones.

Pero la Junta señala otro modo de proceder de Guerrero para conceder ayudas mediante la concesión de créditos representativos que eran utilizados por las empresas en cuestión para obtener préstamos cuantiosos por parte de las entidades financieras. La Junta entiende que al ser autorizados por la Dirección General de Trabajo dificulta y enturbia la posibilidad de reintegrar ese dinero.

A raíz de esta información la instructora va a pedir a las entidades bancarias que han recibido los pagos a las diferentes empresas ligadas a Rosendo para que den cuenta de los movimientos de esas cuentas.