La Junta da el primer paso para blindar Medina Azahara contra la construcción

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy el decreto de interés social en el que se detallan los terrenos del entorno protegido de Medina Azahara que son susceptibles de ser expropiados forzosamente. Se trata de 92.000 metros cuadrados de suelo, según señalaron ayer fuentes de la Administración autonómica. La Junta comprará 29 parcelas que no están edificadas en las urbanizaciones ilegales de Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II, ubicadas en la zona de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. El objetivo es impedir que se puedan levantar más chalés. Actualmente existen unas 240 casas ilegales, para los que la Junta no propone ninguna solución de momento.

La Administración autonómica quiere abrir ahora la negociación con los propietarios de los terrenos sin edificar, la mayoría ubicados en Las Pitas. Esos suelos están clasificados como agrícolas, por lo que la Junta dice que pagará según esos usos. Si los propietarios se niegan a vender se expropiará directamente.

"Lo que se pretende es quitar la tensión en la zona" y evitar la tentación a los dueños de intentar construir allí, señalaron fuentes de la Junta. "Es un punto de partida", añadieron.

Lo cierto es que allí ya es bastante complicado poder construir. La zona tiene la máxima protección municipal (un plan especial) y autonómica (declaración BIC). La intención de la Junta ahora es que el Ayuntamiento actualice su Plan General de Ordenación Urbana y se declare también la zona como "fuera del ordenamiento". Además, los jueces están ya aplicando mano dura en la zona y ordenando el derribo de las nuevas construcciones. En este momento hay una sentencia firme de demolición en Medina Azahara que está pendiente de ser ejecutada.

El problema de fondo no son los terrenos sin edificar, son los alrededor de 240 chalés que ya existen allí. El decreto que hoy tiene previsto aprobar la Junta no aborda este asunto. Aunque, según las fuentes consultadas, el decreto es "ampliable". Es decir, podrían declararse también algún día como susceptibles de ser expropiados el resto de terrenos que rodean al yacimiento y, por lo tanto, las casas.

Pero esa medida no se ha decidido tomar aún. La Junta pretende consensuar con el Ayuntamiento de Córdoba el futuro de la zona. Ambas administraciones ya han mantenido dos reuniones para abordar este asunto, la primera el 12 de septiembre pasado y está previsto constituir una mesa de negociación.

La Administración autonómica quiere que se estudien las condiciones de cada propietario de la zona. Por ejemplo, saber si se trata de una primera vivienda o de una casa de recreo. Además, según anunció hace dos semanas el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la zona se instalará una oficina de disciplina urbanística para intentar controlar mejor el entorno protegido de este yacimiento.