La Intervención envió tres informes contrarios al trámite de las ayudas

La Intervención General de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, envió tres informes a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social cuestionando el procedimiento administrativo utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo.

Según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de la investigación, las advertencias fueron remitidas en 2005, 2006 y 2007 y en todos los casos fueron desoídas por los responsables de la Consejería de Empleo.

Los informes de la Intervención General de Hacienda, departamento que una fuente califica de "imperius de la Administración", fueron remitidos a tres responsables: al director general, al viceconsejero y al consejero. En esa fecha, esos tres puestos los ocupaban Javier Guerrero, Agustín Barberá y Antonio Fernández. Guerrero, director general durante nueve años con tres consejeros distintos -Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández-, aseguró a la Policía Judicial que manejó sin control un fondo de ayudas a empresas dotado con 647 millones de euros. Según el atestado policial, Guerrero dijo que dispuso de un "fondo de reptiles".

Empleo empezó a cambiar el procedimiento de las ayudas en 2008

Hay tres personas que cobran prejubilaciones de dos empresas

Los informes de la Intervención, que no eran vinculantes, fueron rebatidos por los asesores jurídicos de Empleo, que continuó utilizando el procedimiento de la transferencia de financiación de explotación, en lugar de la figura de la subvención excepcional sugerida por Hacienda. El primer procedimiento se escogió porque agilizaba todos los trámites de concesión de las ayudas, que no estaban sometidas al control previo de fiscalización, que sí podría suspender la tramitación.

El primer informe de la Intervención de 2005, analiza los expedientes de Empleo del año 2003. Ya advierte que no se considera adecuado el procedimiento escogido.Entre los motivos por los que la Intervención pone reparos a la tramitación de ayudas mediante la transferencia de financiación de explotación (que se gestionaba primero a través del Instituto de Fomento y luego por la agencia IDEA) figuraba el que se producían desfases financieros. Así, a finales de 2004 el IFA había superado en algo más de 38 millones de euros el límite de créditos aprobados.

Según Hacienda, esta diferencia presupuestaria podría haberse evitado con la utilización de la figura de la subvención excepcional. Estas objeciones, que volvieron a repetirse en los informes de 2006 y 2007, no suponen que hubiera fondos sin control: la Junta tiene rastreadas todas estas cuentas cuyas partidas figuran en las leyes de presupuestos y están sometidas al control financiero permanente que se emite todos los años con las cuentas ya cerradas. Es decir, los pagos se realizaron y no hay fondos ocultos, insisten desde la Junta de Andalucía.

Otro de los reproches que la Intervención puso por escrito es que el IFA no emitió resolución previa al reconocimiento del compromiso de pagos a terceros, estableciendo las condiciones para el beneficiario o el régimen de justificación posterior al pago. El argumento que desde la Consejería de Empleo se facilitó en sus alegaciones es que toda la documentación acreditativa de las ayudas estaban en poder de la Dirección General de Trabajo y que así se recogía en dos cláusulas que se incluían en todos los convenios firmados con las empresas para conceder las ayudas.

Según informó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, el pasado martes, en 2005 Intervención decidió hacer un examen de 20 convenios de concesión de las ayudas. En ese momento, según fuentes de la investigación, Empleo tramitaba un total de 144 expedientes. La gestión de los fondos fue la correcta, pero no el procedimiento administrativo seguido en la práctica totalidad de la veintena de auditorías realizadas. Esta práctica común es la que hace albergar a la Intervención General dudas razonables sobre la correcta tramitación del resto de los expedientes no seleccionados. Dicho esto, el Gobierno andaluz entiende que el debate sobre el procedimiento no convierte la vía elegida en irregular o ilícita, como enfatizó el martes la consejera de la Presidencia, Mar Moreno.

Estos informes no cayeron en saco roto y de hecho en la última etapa de Antonio Fernández como consejero se cambia el procedimiento. En 2008 se inicia la senda del cambio y empieza a publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). No obstante, llama mucho la atención que ni el consejero ni el viceconsejero prestaran oídos a las recomendaciones del "imperium" de la Junta, algo que varias fuentes del Gobierno consideran no tan extraño.

El Gobierno andaluz mantiene que los ERE han estado sujetos a control en todo momento, aunque cree que puede haber habido un uso indebido de los fondos. Por ahora, la Junta de Andalucía considera como responsable único del desaguisado de las falsas prejubilaciones al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que es quien estampaba su firma en los expedientes hasta que fue destituido en abril de 2008. No obstante, el caso cogería un vuelo político espectacular si este apuntara hacia más arriba, como algunos temen en el PSOE.

En la información remitida al juzgado con 37 nuevos casos irregulares (y 35 nombres), la Junta señala directamente Guerrero y le identifica como el que ordena la apertura de pólizas individuales de hasta seis personas, entre las que figuran el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo Villavieja (a través del ERE de Cydeplast) y el militante de El Pedroso Alejandro Millán Torres (en el ERE de Grafricromo). Guerrero fue alcalde de esta localidad de la sierra norte sevillana entre 1995 y 1999. También atribuyen a Guerrero la inclusión en el ERE de Calderinox del que fuera delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.

Las 12 ERE en los que la Junta ha encontrado irregularidades son: Saldauto, Grafricromo, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer Arteferro, Surcolor, SOS Cuétara, Smurfit, Bonpunt, Germans y Cash Lepe.

Según estas fuentes, hay tres personas que cobran pólizas de dos empresas distintas. Dos de ellas de Bonpunt y de Germans y una tercera de Bonpunt y de Cydeplast.

El mayor número de casos de personas que estarían cobrando prejubilaciones indebidas se produce en la empresa textil Bonpunt, radicada en Ronda (Málaga) y conocida popularmente en la localidad como La Fábrica de las Bragas. Hasta 12 personas figuran en el listado de posibles beneficiarios sin haber trabajado en la empresa.

Otro grupo de ocho personas está ligado al expediente de regulación de empleo de la empresa Cash Lepe S.A. Estas personas no eran trabajadoras de esta sociedad en el momento del inicio del ERE y se contrataron entre el 16 de junio de 2003 hasta julio de ese año. No obstante, sí trabajaban en la empresa Super Rocío, S. L. con la que la primera tiene vinculaciones societarias.

Este caso se considera también irregular, aunque fuentes conocedoras de la investigación lo consideran más que nada una "chapuza" de la Dirección General de Trabajo.

A estos 37 nuevos casos hay que sumar otros dos ya conocidos por los ERE de Río Grande y de Mercasevilla, el origen de toda la investigación que lleva la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Esta investiga una trama en la que estaría el ex director general de Trabajo, un ex dirigente socialista de Baeza, empresarios e intermediarios.

Las presuntas falsas prejubilaciones es el resultado de una investigación interna abierta por la Consejería de Empleo. De los 45 ERE que están aún en vigor, Empleo ha cotejado 30, de los que en 12 ha encontrado irregularidades. Aún quedan por examinar 15 expedientes. La Junta estima que en una semana se conocerán los resultados de la investigación y que si hay más casos lo pondrá en conocimiento del juzgado.

La juez será la que tendrá que determinar si los que aparecen como perceptores de las pólizas se han beneficiado o si fueron los intermediarios. Por el momento, la Junta desconoce si hay más casos de personas vinculadas al PSOE en estos expedientes.