Hacienda halla un desfase de 16 millones en los ingresos urbanísticos de Estepona
La Agencia Tributaria remite el caso a la Fiscalía tras ser obstruida su labor
Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía.
A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".
Las cuentas examinadas corresponden a 2003 y 2004, años en los que el ex gilista Manuel Reina, en prisión preventiva por el caso Astapa, era el responsable de Hacienda. En la contabilidad de 2003, la Agencia Tributaria advierte un desfase de 11,7 millones. A 31 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento esteponero registraba una partida de 8,5 millones por aprovechamientos urbanísticos, mientras que la contabilidad de Empladus recogía aprovechamientos urbanísticos netos de 20,2 millones. En 2004 la diferencia es de 4,6 millones. Mientras el Consistorio anota una partida de 9,4 millones, la empresa municipal declara 14 millones.
"Habida cuenta de las discrepancias de tales cifras con las consignadas en las autoliquidaciones del IVA de 2003 y 2004, se solicita la confección de una nota que analice de modo conjunto las partidas de la ejecución final de los presupuestos y las concilie", recoge un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallan las idas y venidas del inspector de Hacienda a quien encargaron investigar estas supuestas irregularidades. Pero la explicación solicitada nunca llegó.
El inspector trató de recabar información en el Ayuntamiento entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Visitó el Ayuntamiento y después de ser llevado de un lado para otro sin lograr la información propuso que se le abriera expediente al Consistorio por obstrucción.
Una de las personas a las que solicitó información fue al anterior edil de Urbanismo Rafael Duarte. "Quería un informe en el que se le explicase cuál era el criterio que se seguía para cobrar el IVA en unos aprovechamientos urbanísticos y a otro no, pero fue imposible dar con la solución. Ninguno de los trabajadores de Urbanismo o Hacienda acertó a dar estos parámetros por lo que no pude remitírselo, y yo no los conozco porque por esa época no estaba en el Ayuntamiento", ha explicado Duarte, que dimitió como concejal en julio al ser imputado en el caso Astapa. "Hice fotocopias de los convenios para ver si había algún patrón y elaboré un dossier que le entregué al interventor para que se lo remitiera", añade.
El inspector de Hacienda pidió el informe en noviembre y marzo, fecha en la que el interventor municipal alegó "sobrecarga de trabajo" para no entregárselo. El 10 de julio, su superior, el inspector regional de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez Cortesano, acordó imponer una multa de 1.500 euros al Consistorio esteponero por una infracción tributaria grave "por no aportar la documentación solicitada en el plazo concedido en el segundo requerimiento consecutivo".
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