La Fiscalía Anticorrupción asume el caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se ha sumado a la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que subvencionó la Junta, después de que el fiscal Carlos Bedate iniciara el seguimiento de las investigaciones como fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige el caso, informó Efe.

Las normas internas del ministerio público prevén la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción para casos de corrupción de elevada cuantía, como ocurre con los ERE, cuya cifra inicial de dinero malversado son nueve millones de euros, según la investigación interna del Ejecutivo andaluz, que ha hallado 72 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas). De este modo, el fiscal Juan Enrique Egocheaga, que investiga asimismo el caso Mercasevilla, del que la pasada Navidad surgió el caso de los ERE, se ha sumado a las nuevas diligencias que acumulan cuatro tomos y 1.600 folios. En estos tres meses la juez ha dictado ocho autos con diferentes resoluciones, muchas de ellas fundamentales en un caso que de momento acumula 15 detenidos.

Desde el inicio hace dos años del caso Mercasevilla, el Partido Popular ha mantenido una estrategia de acusaciones continuas hacia la fiscalía por una supuesta inactividad. Sin embargo, el ministerio público inició la investigación del caso Mercasevilla en febrero de 2009 tras la entrega de una grabación con un intento de soborno por parte de dos empresarios hosteleros. Después de tomar declaración a los principales imputados, la fiscalía trasladó las diligencias a la magistrada, que retomó el caso porque el PP denunció los hechos en el juzgado.

Envío de 150.000 folios

Hasta el momento la Junta andaluza ha enviado a la juez 150.000 folios de información con 57 documentos entre ellos los organigramas de cuatro consejerías (Presidencia, Empleo, Hacienda y Economía e Innovación) y los informes de la Intervención General sobre el Instituto de Fomento de Andalucía. Tras la advertencia de la Junta de que no entregará las actas de los Consejos de Gobierno, ahora la pelota está en el tejado de la juez. Mientras, la investigación prosigue analizando toda la información recabada como los informes de la Intervención General, que ya están incorporados a las diligencias de investigación. Pero también la información suministrada por las compañías consultoras Vitalia y Uniter, intermediarias en la gestión de los ERE.