Cuentas pendientes para Rosa Aguilar

Rosa Aguilar ha saltado del Gobierno andaluz al central. Y en su escalada ha pasado de una trinchera a otra en las batallas que los Gobiernos central y andaluz mantienen abiertas desde hace años por asuntos medioambientales y relacionados con la agricultura. Aguilar es la nueva ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y tendrá que entrar en alguno de estos frentes, como el traslado a la Junta de las competencias de los chiringuitos, un posible fallo del Tribunal Constitucional contra la transferencia del Guadalquivir a Andalucía, la política aduanera con respecto a los productos agrícolas de Marruecos o el polémico deslinde de Doñana.

Pero el problema más importante -al menos si solo se tiene en cuenta el dinero- son los 1.700 millones al año de ayudas agrarias europeas que Andalucía aspira a mantener.

Andalucía aspira a mantener los 1.700 millones de ayudas agrarias de la UE

Los ecologistas han recibido con recelo y escepticismo a la nueva ministra

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reconoció el viernes en Jaén que entre la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, y la ya ex ministra Elena Espinosa, existía "cierta dificultad de entendimiento, porque todavía cuesta trabajo explicar que cuando los agricultores piden algo no son subvenciones sino precios justos".

Ahora, la Junta espera que esos problemas se superen. Y tiene que ser pronto. La llegada de Aguilar se produce a poco menos de un mes de que Bruselas presente su propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), con la que Andalucía se juega más que nadie en España, esos 1.700 millones de euros en ayudas al año. Aunque las filtraciones del documento apuntan al mantenimiento de los pagos directos a los agricultores más allá de 2013, Andalucía quiere que se prime más a las explotaciones de índole tradicional y que se tenga en cuenta la creación de empleo y riqueza.

El fichaje de Aguilar ha despertado expectativas en todo el sector agrario andaluz. Y no es para menos. La agricultura andaluza supone cerca del 20% del PIB y, como recordó Griñán, en época de crisis es el sector que más empleo crea.

La Junta ha solicitado al ministerio un cambio en el nuevo tratado agrícola entre la Unión Europea y Marruecos que se está negociando. Reclama una política aduanera "mucho más agresiva" para proteger a los productores. "Es una situación inadmisible", le llegó a decir la consejera a la anterior ministra.

El sector pesquero también mira a Rosa Aguilar. El presidente de la Federación de Armadores de Andalucía, Pedro Maza, se apresuró a valorar su "capacidad de gestión", pero le advirtió de la situación "bastante complicada" a la que se enfrenta. Y es que desde Andalucía se criticó la tibieza del ministerio con respecto a la reducción de las cuotas de captura del atún rojo y la amenaza que eso suponía para el sistema artesanal de las almadrabas. Tanto fue así que la propia consejera Aguilera tuvo que defender en Bruselas una excepcionalidad para la flota pesquera andaluza. También se ha pedido al Gobierno que se habiliten fondos extraordinarios de la Unión Europea para la flota que no pueda seguir subsistiendo.

El Guadalquivir es otro de los puntos que Aguilar tendrá que apuntar en su agenda. Se está pendiente de la sentencia del Constitucional sobre la transferencia de las competencias del río a la comunidad, que se hizo efectiva en enero de 2009 y ha sido recurrida por Extremadura. En 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se había opuesto al traspaso, aunque, finalmente, el Gobierno cedió a las pretensiones de la Junta en este asunto.

El departamento de Aguilar también deberá pronunciarse sobre el dragado del Guadalquivir proyectado por el Puerto de Sevilla. Y los antecedentes no son buenos, porque un informe encargado por el ministerio señala que, tal y como está proyectado, afectará negativamente al estuario del río.

Si el sector agrario andaluz ha recibido con una sonrisa a la ministra, no ha ocurrido lo mismo entre los grupos ecologistas, que han mostrado algo más de escepticismo. Por ejemplo, WWF y Greenpeace ya le han pedido que el próximo martes vote a favor de las importantes restricciones que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE quiere imponer a la captura del atún rojo, algo que choca con el sector pesquero.

Cecilia Montiel, coordinadora de Ecologistas en Acción en Andalucía, ya mostró esta semana sus dudas sobre la titular de Medio Ambiente: "No creo que su entrada suponga un cambio, se seguirá primando la pesca y la agricultura en el ministerio". Según Montiel, durante su etapa de alcaldesa de Córdoba demostró que el medio ambiente es "muy secundario" para ella.

Otro asunto que el departamento de Aguilar deberá resolver en breve es el deslinde de la costa de Doñana propuesto por el ministerio. El 13 de octubre la Junta presentó un requerimiento para que la zona expropiada se reduzca considerablemente y el ministerio tiene un mes para contestar. Andalucía ya ha anunciado que está dispuesta a llevar el caso a los tribunales si no se atiende su petición.

Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España, enumera otros asuntos pendientes que serán la "prueba del algodón": el futuro del Algarrobico, la paralización de los vertidos por parte de Fertiberia, el oleoducto que quiere construir la Refinería Balboa y la ampliación del puerto de Tarifa (Cádiz). "Todo está por ver", resume Rodríguez.