Ciudadanos cómplices

Amin Maalouf escribe en su último libro que "el mundo padece un desajuste en varios ámbitos al mismo tiempo: desajuste intelectual, desajuste financiero, desajuste climático, desajuste geopolítico, desajuste ético".

En El desajuste del mundo, el escritor libanés reflexiona sobre todo tipo de discordancias. De algunas se habla mucho estos días: la financiera, la climática, la geopolítica e incluso la intelectual. Pero se habla menos de los desajustes éticos.

Dos noticias recientes, aparentemente contradictorias, me han hecho reflexionar sobre las palabras de Maalouf.

Primera: los dirigentes del Partido de Almería (PAL), con el apoyo de buena parte de los vecinos de El Ejido, presentarán de nuevo a su encarcelado alcalde, Juan Enciso (ex PP), acusado de malversación, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, como candidato a las próximas elecciones municipales.

Segunda: el Gobierno andaluz ha aprobado dos leyes para dotar a los ayuntamientos de más competencias y mejor financiación. O sea, más poder y más dinero.

Los problemas de los municipios andaluces son en algunos casos dramáticos. El más grave es el de Jerez. Su alcaldesa, Pilar Sánchez, lo resumía aquí: o se pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) o hay "un despido masivo de trabajadores".

¿Cómo se ha llegado a esa situación? En el caso de Jerez, entre otras cosas, por una plantilla inflada por razones políticas y electorales. De los 2.700 empleados, unos 2.000 (el 75%) consiguieron su puesto de trabajo sin concurso de mérito alguno. Fueron contratados a dedo. Igual que en muchos otros municipios.

El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Víctor Lapuente, recordaba en este periódico que, mientras en las ciudades menos corruptas de Europa hay sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende del éxito electoral de un partido, en España ese número sobrepasa el centenar. En esos casos, empleadores y empleados protagonizan el "desajuste ético" que preocupa a Maalouf.

También se producen desajustes éticos cuando, por ejemplo, 16 alcaldes de la Axarquía malagueña piden que se legalicen 10.000 viviendas construidas irregularmente en zona rural, autorizadas por ellos a sabiendas de que cometían una ilegalidad. Esos ediles piden también que no se les aplique el Código Penal por el presunto delito cometido.

Por fortuna, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia ejemplar que confirma las penas impuestas a los responsables del escándalo urbanístico y corrupto de Andratx (Mallorca). El TS ordena que "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal". El alcalde mallorquín alegaba que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no una penal.

Imagino que miles de malagueños que levantaron sus viviendas violando la ley apoyan a sus alcaldes y estarían dispuestos a votarlos de nuevo. Como lo estarán los miles de andaluces que durante años han encontrado empleo en la construcción a la sombra de la burbuja inmobiliaria, inflada con licencias de obras ilegales por las que muchos alcaldes recibían sustanciosos sobornos.

Unos y otros, políticos, propietarios, constructores, trabajadores, se mueven en un clarísimo "desajuste ético". Por ese desajuste, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), en libertad bajo fianza, obtuvo en 2007, cuatro meses después de ser detenido, 5.545 votos más que en las elecciones municipales de 2003.

El desajuste ético, pues, no solo implica a políticos y empresarios. También salpica a los ciudadanos que apoyan comportamientos corruptos y se convierten en sus cómplices políticos. Por ello, nos preguntamos con Maalouf "si nuestra especie no ha llegado al umbral de incompetencia ética".