Carpetazo judicial a la biblioteca

A la Universidad de Sevilla se le ha agotado la vía judicial para retomar la obra de la biblioteca del Prado. La última sentencia del Tribunal Supremo subraya la anulación de la construcción de este edificio, proyectado en una parte del parque del Prado de San Sebastián. "Es el interés por la defensa de la zona verde lo que ha valorado la Sala", destaca el fallo del alto tribunal.

La sentencia responde al último de los nueve recursos de casación interpuestos por la Universidad y el anterior Gobierno municipal (PSOE) ante el Tribunal Supremo para que reconsiderara su primera sentencia al respecto, un fallo que ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). La Universidad defendía el interés general de la educación, tal y como estableció un cambio del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con el beneplácito de la Junta para que se pudiera construir en dicha zona ajardinada.

El rector declaró en 2009 que no contemplaba parar la biblioteca

La Universidad ya ha invertido más de cuatro millones de euros en la obra y unos 100.000 euros anuales en vigilancia y mantenimiento tras 30 meses de paralización, desde julio de 2009. La Hispalense consideraba que debía prevalecer la construcción de la biblioteca en dicha zona verde, pero los magistrados rechazaron los planes de la institución pública, a pesar de la cuantiosa inversión realizada.

Ahora la cuestión es aclarar si procede la demolición inmediata o no de lo que ya está construido o se puede acatar la sentencia con una interpretación que no implique la destrucción de las infraestructuras levantadas.

Las asociaciones de vecinos del Prado, que iniciaron el litigio con la presentación de las alegaciones al Plan General en 2004, interpretan que el parque debe quedar tal y como estaba. "Los nueve recursos presentados por la Universidad al Tribunal Supremo han sido favorables para nosotros. En la primera sentencia ya se trata a fondo el asunto y es donde se plantea que el espacio vuelva al estado original. Las ocho sentencias siguientes dan por entendido que eso estaba resuelto. Esta última sentencia, lo que tiene de especial, es que ya no existe ninguna otra posibilidad, ya la Universidad no tiene ninguna oportunidad para buscar otras salidas", explica el abogado de los vecinos José Manuel Berjano. Para el letrado, esto implica que la estructura de hormigón tiene que desaparecer sin dilación y dejar el parque con los árboles que trasplantaron.

Emilio Molina, letrado de otra de las asociaciones de vecinos litigantes, estudia ahora el coste de la demolición para incluirlo en la petición de ejecución de sentencia. "Y la responsabilidad de sus costes tendría que ser asumida íntegramente por la Universidad de Sevilla", matiza. "Cuando el Ayuntamiento anterior (PSOE) firmó la licencia que permitía construir en esa zona, lo hizo con la condición de que la Universidad asumiera la responsabilidad de lo que aconteciera".

La actual corporación municipal, del Partido Popular, se desentiende por ello del pago de los costes de demolición. "El Ayuntamiento no tiene nada que hacer ahí", aseguran fuentes de Urbanismo. Con esto, la factura para el derribo recaería por completo en la Universidad.

Pero el mutismo de la institución educativa no da margen para conocer cómo procederá al cumplimiento de la sentencia. Fuentes de la Hispalense se limitan a repetir que acatarán las decisiones del Supremo.

En noviembre de 2009, el rector de la Universidad, Joaquín Luque, ya declaró que no contemplaba siquiera la resolución judicial a la que ahora tendrá que hacer frente. "No me planteo otra opción que la construcción de la biblioteca", dijo.

Por otro lado, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, pidió esta semana al alcalde popular, Juan Ignacio Zoido, que se posicione sin intermediarios para explicar cómo compatibilizar el fallo del Supremo con la inversión realizada por la Universidad, y solicitó que aclare si tiene una vía abierta de comunicación con la Hispalense.

Con estas declaraciones, Espadas dejó entrever alguna solución intermedia. "Podría interpretarse una lectura de la sentencia en la que la demolición no sea obligatoria y esto abre una vía a la negociación", explican fuentes del PSOE.

Hasta el momento, la empresa constructora, Ferrovial, podría reclamar entre tres y seis millones de euros; al igual que la arquitecta, Zaha Hadid.