El Ayuntamiento de Granada ordena demoler diez obras ilegales en la Vega

El crecimiento imparable de la ciudad y las construcciones incontroladas han diezmado la Vega de Granada, una antigua y fértil zona de regadíos. Ahora, el consistorio ha ordenado derribar ocho viviendas en la zona de especial protección de Cantogrande y otras dos en el Serrallo y Bobadilla, que invaden 1,6 hectáreas de la Vega. Las construcciones son variadas: desde un vecino que ha vallado una parcela de 1.865 metros y ha construido una vivienda de 180 metros cuadrados, hasta una nave ilegal de 600 metros cuadrados.

Los propietarios disponen de un mes para demoler, o deberán pagar 12 multas de más de 600 euros para que el ayuntamiento ejecute el derribo. Pero los recursos judiciales de los vecinos para evitar tanto la improbable demolición como las multas, se dan por hecho.

El ayuntamiento ha dictado alrededor de 40 órdenes de demolición sólo durante 2007, pero éstas pueden quedarse en papel mojado. En primer lugar, porque el proceso judicial que iniciarán ahora los propietarios será muy prolongado y plagado de recursos, pero además porque el nuevo Plan General prevé declarar estos terrenos como urbanizables, circunstancia que será aprovechada por las defensas en los litigios venideros. "Que una zona pueda convertirse en urbanizable no implica que se pueda incumplir la ley, y, menos aún, que sea una patente de corso para mantener la ilegalidad durante años", alegó la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

La oposición municipal censuró ayer las buenas intenciones del consistorio para imponer la ley. "Es un brindis al sol, una incoherencia del PP y son órdenes que llegan tarde por la dejación que ha imperado", criticó ayer la portavoz de Izquierda Unida, Lola Ruiz. El PSOE reclamó ayer una mayor vigilancia y seguimiento de la Policía Local hacia las obras que proliferan en esta zona, muy golosa para la construcción de segundas residencias.

"La realidad nos impone que los recursos tardan entre diez y quince años en resolverse. Nieto está en una postura estética y de aparentar, porque su propio PGOU legalizará esas actuaciones con una edificabilidad muy alta", denunció el concejal socialista José María Rueda.

La eficacia del Plan Especial de Protección de la Vega y los ejemplos que apuntan a interminables litigios judiciales son numerosos. Antonia Praena acumula órdenes de demolición desde hace varios años por su vivienda a las afueras de Granada. Todas ineficaces. "Han venido a demoler seis veces y no han seguido por los recursos y porque los tribunales han dictado autos suspendiendo la demolición. Hoy estoy protegida", afirma. El ayuntamiento ha intentado en repetidas ocasiones proceder al derribo sin éxito. "Al principio me autorizaron la obra, pero ahora me quieren coger como la Lola Flores de la Vega y poner como escarmiento de los vecinos", denuncia Praena.