Arranca el juicio contra Martín Serón por cobrar sobornos de empresarios

"¡No vienen a por mí, vienen a por el PP!". El 17 de enero de 2007, el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 22.000 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, fue detenido a la salida de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. Junto a él fue arrestado su concejal de Urbanismo y hombre de confianza, Gregorio Guerra. La policía, tras una investigación iniciada con la denuncia de un constructor de la localidad, acusó a ambos políticos de enriquecerse con el cobro de comisiones ilegales a cambio de otorgar licencias de obra contrarias al planeamiento urbanístico.

La detención del regidor sacudió a la localidad del valle del Guadalhorce y los vecinos recabaron en pocas horas los 200.000 euros de fianza que el juez instructor del caso exigía para dejar en libertad a los dos políticos. En los meses siguientes fueron arrestados 19 empresarios con intereses inmobiliarios en la localidad, acusados de pagar los sobornos, que según el fiscal ascienden a 642.445 euros.

El fiscal pide al regidor cuatro años y medio de cárcel y 19 de inhabilitación

Cuatro años y nueve meses después de que se destapara el llamado caso Troya, y dos mayorías absolutas después de Martín Serón, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga celebra el juicio sobre esta trama de corrupción. El fiscal solicita cuatro años y medio de cárcel, 19 de inhabilitación y 500.000 euros de multa para el regidor alhaurino por delitos de prevaricación y cohecho continuados. Según el ministerio público, el regidor cobró 238.000 euros de los promotores.

Para Guerra, considerado el cerebro de la trama, la petición del fiscal se eleva a siete años y medio de prisión por cohecho y delito continuado contra la ordenación del territorio. Guerra supuestamente recibió 304.545 euros de los empresarios a cambio de la concesión de 14 licencias ilegales de obra, según se desprende de las anotaciones manuscritas y de los archivos informáticos intervenidos por la policía en su despacho municipal. El concejal de Urbanismo se enfrenta también a una petición de 21 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 1,6 millones de euros.

Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo había fijado una especie de tasa sobre los aumentos ilegales de edificabilidad. Cada metro cuadrado construido de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda levantada en exceso a 6.000.

Martín Serón y Guerra, cuyos gastos de defensa podrán ser abonados con fondos municipales, no estarán solos en el banquillo. Junto a ellos se sentarán dos funcionarios municipales -los asesores jurídicos de Urbanismo Juan Burgos e Ildefonso Domínguez- y los 16 empresarios que supuestamente aceptaron pagar a cambio de las resoluciones urbanísticas favorables a sus intereses. Los funcionarios están acusados de prevaricación por supuestamente informar a favor de la concesión de las licencias a sabiendas de su ilegalidad. Para cada uno de los promotores el fiscal reclama tres años de prisión por cohecho y delitos contra la ordenación del territorio. Estos empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones.

Está previsto que en el trámite de cuestiones previas al juicio, el abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga alegue "indefensión por indeterminación de la acusación. La defensa destaca que al alcalde "se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo, pero no se establecen los hechos en los cuales aparece la conducta omisiva que ha dado lugar a dicha calificación jurídica".