La patronal pagará el agujero dejado por Antonio Ramilo hasta 2015

Cada año de la última década, la Confederación de Empresarios de Galicia ha estado pagando las deudas heredadas de la pésima gestión de Antonio Ramilo Fernández-Areal, que presidió el organismo entre 1991 y 2000. El histórico dirigente empresarial fallecido en 2006, -antes procurador en Cortes y alcalde de Vigo durante la dictadura-, dimitió el 28 de noviembre de 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables que nunca se llevaron a los tribunales. "Lo hago por lo que he defendido siempre: el servicio a la organización", dijo entonces. Los presidentes de las cuatro patronales provinciales lo habían forzado a cesar. Días antes había admitido "un desfase" contable de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), pero responsabilizó de todo al exsecretario, Rafael Sánchez Sostre, y a la adquisición, en 1992, del edificio en el casco antiguo de Santiago que alberga la sede. El inmueble había costado 400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga subvencionó el 40%. Otras versiones apuntan a que realmente pagó por él 250 millones y lo anotó en la contabilidad con un valor de 600. Eso y las "múltiples actividades desarrolladas en su etapa", según los argumentos de Ramilo en aquél momento, provocaron el descalabro financiero de la Confederación.

Una auditoría descubrió el agujero de 1.000 millones de pesetas

Afloraron gastos suntuarios y alquileres de locales a precios exorbitantes

"Resulta innegable que el desfalco que sufrió la CEG generó una situación tremendamente complicada, no solo por los graves problemas económicos derivados de aquellas irregularidades, que la organización arrastra todavía, sino también por el descrédito y la pérdida de la confianza que supuso ante empresarios, administraciones y la sociedad", reflexionan ahora desde la organización que preside Antonio Fontenla.

Las cuentas de la CEG siguen mostrando aquellas heridas. La patronal tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las devoluciones. Por aquellos "1.000 millones de pesetas", tendrán que pagar préstamos hasta el año 2015 por importe total de 10 millones de euros.

Las sospechas de que algo iba mal se desataron en 1999, cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de formación. El Gobierno autónomo respondió que las había transferido a la Confederación gallega, lo que provocó que se ordenase una auditoría. Al empezar a conocerse los datos, Ramilo destituyó a Sánchez Sostre, a quien achacó la mala gestión. "Yo no tenía firma para hacer ninguna operación bancaria sin autorización del presidente o del comité ejecutivo", declaró aquellos días el exsecretario a este diario. Sostre sostuvo entonces que tres años antes había informado a Ramilo sobre los desequilibrios de tesorería y que propuso un plan de viabilidad. "Él se opuso y ni siquiera aceptó reducir algunos gastos excesivos", dijo.

Las subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de Trabajo eran la principal fuente de financiación de la patronal, que cada año presentaba a sus miembros unas cuentas saneadas y con beneficios. La realidad estaba bastante lejos. El examen a la gestión afloró 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones. El resto, casi dos millones de euros, simplemente se habían volatilizado. Comenzaron a hacerse públicos suntuarios gastos de representación del presidente y otros detalles, como alquileres de locales para hacer cursillos a precios exorbitantes. La patronal CEOE, de quien Ramilo era un miembro destacado, rehusó valorar la crisis y los partidos de la oposición (PSdeG y BNG) reaccionaron reclamando los datos de las cuantiosas ayudas que la Xunta había facilitado a la Confederación durante casi una década. El propio Ramilo fue un incondicional de la política de Manuel Fraga, al que apoyaba entusiásticamente en cada campaña electoral. Pero el día que dimitió poco quiso saber del Gobierno gallego cuando los periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una investigación parlamentaria. El empresario contestó de forma rotunda: "Yo al Parlamento no voy. Como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, yo ya no soy noticia".