La juez imputa al ex subdelegado de Lugo por la trama de prostitución

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, imputó ayer al anterior subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir un delito en el marco de la Operación Carioca, que investiga una supuesta red de tráfico de mujeres, blanqueo de dinero y narcotráfico. Además de a Jesús Otero, la magistrada citó a declarar a un comandante de la Guardia Civil, Andrés Velarde, que hasta hace cinco años estuvo destinado en Lugo y ahora ejerce en Teruel. En Lugo desarrolló funciones en la Policía Judicial con el rango de capitán jefe. Velarde también está imputado por omitir el deber de perseguir un delito.

Al ex alto cargo lo acusan de conocer las denuncias de empleadas de un club

Ante la juez, Otero se negó a declarar al interpretar la letrada que lo representa que las imputaciones estaban poco especificadas. Luego, el ex alto cargo socialista abandonó el despacho de la juez aparentando desconcierto por una imputación que, según fuentes de su entorno, no esperaba. Otero dejó el puesto de subdelegado cuando fue imputado por otra juez, Estela Sanjosé, del juzgadp número 3, en el caso de un supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico.

La reciente declaración, también como imputado, de un subteniente, Julio Baquero, de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo (que quedó en libertad con cargos el mismo día en que se levantó parcialmente el secreto de sumario de esta operación), y una comparecencia ante la juez como testigo de la concejala de Servicios Sociales de Lugo, la socialista Carmen Basadre, podrían ser la base de las nuevas imputaciones de la instructora. En la declaración de Basadre habría salido a relucir que el subdelegado era conocedor de las quejas por supuesto hostigamiento que trasladaron a una asistenta social usuarias de un piso de acogida, mujeres que previamente habían ejercido la prostitución.

El comandante era el superior jerárquico, en la unidad de la Policía Judicial, de Baquero y de un cabo, Armando Lorenzo, que es uno de los principales imputados en esta investigación y permanece desde hace medio año en la cárcel de Monterroso. Por su parte, el anterior subdelegado ostentaba la responsabilidad política cuando se conocieron oficiosamente algunos casos de actuaciones supuestamente irregulares del cabo Lorenzo, imputado por tráfico ilegal de personas, determinación a la prostitución, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la intimidad, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y agresión sexual. En el ya amplio recorrido de esta operación, la juez registró las dependencias del servicio de Extranjería, del que también es máximo responsable el subdelegado, por tener encomendada la firma de los permisos de residencia.

Aunque ya se levantó parcialmente el secreto de sumario para las partes y se llegó a preconstituir un acto de declaración de cinco mujeres brasileñas como testigos protegidos, todo apunta a que la investigación de esta trama aún tardará tiempo en completarse, desde que se puso en marcha en la madrugada del 16 de octubre de 2009, cuando la Guardia Civil entró en cuatro burdeles de Lugo, que a día de hoy permanecen precintados.

El número de imputados en esta operación ronda el medio centenar, nueve de los cuales se encuentran en las prisiones de Bonxe y Monterroso. En esta última, en el módulo para agentes de las fuerzas del orden, además del cabo de la Guardia Civil está el inspector de la Policía Local Ramón Vázquez Río. Recientemente quedó en libertad con cargos un policía destinado en Barajas, que era el lugar que solían utilizar para entrar en España las mujeres brasileñas que luego trabajaban en los clubes de Lugo. En los próximos días se espera que la juez tome declaración a algún otro cargo de la Guardia Civil en la ciudad.