Dos guardias civiles detenidos por un alijo de cocaína

La droga -o mejor, el dinero de la droga- corrompe voluntades. Las últimas conocidas, las de un subteniente y un sargento primero de la Guardia Civil que supuestamente facilitaron la entrada en España de un alijo de 815 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas, según informó ayer la policía. El supuesto cerebro de la operación era, no obstante, el abogado César P. M., que posee dos despachos profesionales, uno en la calle del Príncipe de Vigo y otro en la localidad pontevedresa de Redondela.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de junio del año pasado, cuando el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) y compañeros de la Jefatura Superior de Policía de Galicia tuvieron noticias de que se preparaba la introducción de una carga de cocaína, procedente de Ecuador, a través de los puertos de Vigo o Marín. Los agentes detectaron que una persona vinculada a la organización se había desplazado hasta Ecuador para, presumiblemente, organizar sobre el terreno un envío de cocaína.

Un abogado con despachos en Vigo y Redondela dirigía la red desarticulada

La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P. M., quien aseguraba a los narcos que tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.

La mano derecha del letrado fue identificado como Francisco E. E., subteniente de la Guardia Civil en la reserva (prejubilado), quien garantizaba el acceso del contenedor con cocaína a través del puerto de Marín. El suboficial contaba presuntamente con la colaboración del sargento primero José Antonio R. C., jefe del destacamento portuario.

A principios del presente año, el abogado contactó con un supuesto narcotraficante, Antonio M. L., quien el pasado abril viajó a Ecuador para impulsar la operación. La mercancía finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia), que a su vez la había recogido de un barco que había cargado la droga en Guayaquil (Ecuador), según informaron fuentes policiales.

El contenedor, una vez en Galicia, fue trasladado desde el puerto de Marín hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, ésta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre gambas congeladas.

La importación de la mercancía se hizo presuntamente a través de una empresa legal, Vento Comercio Exterior, de la que es administrador Roberto M. P., cuyo domicilio social está en A Coruña.

Como resultado de las investigaciones, la policía ha detenido a siete personas. El abogado supuestamente se iba a quedar con el 20% de la cocaína o bien su valor correspondiente, mientras que el subteniente arrestado recibiría varios cientos de miles de euros por su mediación, según fuentes policiales. Tras su puesta a disposición judicial, la policía centra sus investigaciones en el patrimonio de los sospechosos. La Comisaría General de Policía Judicial española ha contado con la colaboración de las unidades de la DEA norteamericana (agencia antinarcóticos) con base en Madrid, así como de los carabineros de Chile y la policía de Panamá.

Durante la operación del GRECO llegó a ser detenido un tercer guardia civil sin graduación por su supuesta implicación en la red, aunque fue posteriormente puesto en libertad por la policía sin pasar a disposición judicial. Los investigadores no encontraron ninguna prueba contra él.