El fiscal denuncia por prevaricación a dos gobiernos del PP en Abegondo

La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005. Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.

La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muinelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.

La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".

El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".

La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.

A Santiso como al resto de los concejales le imputa el fiscal un delito de "prevaricación continuada", incluido su teniente de alcalde y actual regidor de Abegondo, Juan José Rocha Carro. De hecho, el hombre que dirige el Gobierno local (actualmente bajo las siglas de la Agrupación Progresista de Abegondo en coalición con BNG y PSOE) aparece doblemente imputado. Por su votación a favor en 2002 y por aprobar tres años después, ya como alcalde, proyectos urbanísticos reformados y segundas licencias que permitieron legalizar decenas de viviendas.

Permisos caducados

Esta última decisión la adoptaron Rocha y los ediles del PP que componían la Junta de Gobierno local de Abegondo en 2005 con el informe en contra de la secretaria municipal. Los arquitectos municipales no pusieron trabas a la operación.

En sus conclusiones, el ministerio público advierte de que los permisos concedidos en 2002 se encontraban caducados cuando tres años más tarde el Gobierno de Rocha pretendió legalizar las construcciones. Además, el fiscal duda de que los promotores que solicitaron las primeras licencias antes de vender fincas y permisos a segundos compradores, iniciasen las obras para las que pidieron permiso. El escrito desvela que su verdadero interés fue el de edificar sobre suelo rústico para venderlas y obtener beneficios económicos.