El fiscal denuncia a Barreiros por las urbanizaciones que legaliza la Xunta

Mucho antes de que la Xunta actual descabezase el pasado jueves la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística -en una decisión colegiada que el presidente Alberto Núñez Feijóo evitó contar a la prensa- el organismo adscrito a la Consellería de Territorio había trazado un prolijo informe sobre el caos inmobiliario en el Ayuntamiento de Barreiros.

La precisión y contundencia de ese dictamen, repaso del rosario de irregularidades -cuando no ilegalidades- en el urbanismo del municipio lucense, sirvió de base a la fiscalía para denunciar en el juzgado de Mondoñedo a la Junta de Gobierno del PP que autorizó dichas licencias. El ministerio público acusa al alcalde, Alfonso Puente Parga, y a los tres concejales que integran la Junta de Gobierno, así como a la arquitecta municipal, Marta Geada, de prevaricación urbanística.

La denuncia se refiere a 44 expedientes que permitírían a otros tantos promotores inmobiliarios levantar 3.174 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, donde ya empiezan a emerger los primeros mamotretos alineados a pie de costa. Son precisamente esas construcciones las que el Gobierno de Feijóo se propone legalizar mediante un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo, por el que las tres administraciones aportarán fondos para dotar de servicios a las urbanizaciones.

La denuncia que el fiscal presentó contra el gobierno de Barreiros adjunta el informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres carpetas de ortofotos del ayuntamiento y los 44 expedientes, incluidos otros tantos informes contrarios de la secretaria municipal.

En la demanda, de 26 folios, el ministerio público acusa al gobierno de Barreiros y a la arquitecta municipal de prevaricacion urbanística y recuerda que la Junta Local de Gobierno, que integran el alcalde José Alfonso Puente Parga, y los ediles José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, todos del PP, ignoró las directrices de la anterior Consellería de Política Territorial. El fiscal cita una comunicación que, con fecha 14 de marzo de 2006, envió al Ayuntamiento el ex director general de Urbanismo Ramón Lueje. Esta instrucción recordaba al alcalde que desde enero de 2006 "debía aplicar el régimen de suelo urbano no consolidado a la ejecución de la ordenación establecida en suelo urbano", puesto que el municipio no había adaptado su planeamiento a la ley del suelo de 1997.

"Pese a ello", continúa la denuncia, "el equipo de gobierno de Barreiros concedió durante ese año 44 licencias pese a estas deficiencias insalvables recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal". Subraya el escrito que el alcalde y los tres ediles "prescindieron" de este informe técnico "pese a ser preceptivo" para autorizar los edificios.

La querella acusa al gobierno local de aplicar la normativa que rige en suelo urbano consolidado a una superficie que no lo era. Y detalla las carencias de los núcleos sobre los que se asentaron los edificios: "Deficiencias en abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento, carencia de acceso rodado" [...] "una realidad residencial que distaba en términos irreconciliables de lo que sería una malla urbana".

Como consecuencia de tanto caos, la Xunta anterior suspendió las normas subsidiarias de Barreiros. El equipo de Feijóo y la Diputación de Lugo avalan ahora una amnistía si los promotores retiran los recursos judiciales que presentaron contra el anterior Gobierno gallego. El presidente explicó el jueves que la inversión de siete millones de euros de su Gobierno será similar a la que hubiera gastado allí para saneamiento. Horas antes, había firmado el cese de Hipólito Pérez, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que realizó el informe sobre Barreiros.