Los equipos de normalización afirman que el decreto agrede al gallego

La Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística denunció ayer la "clara discriminación" del gallego en el borrador del nuevo decreto sobre el uso del idioma en el sistema educativo, que atribuye a que resulta de "una decisión política y no pedagógica". La coordinadora hizo un "primer análisis" del texto, del que asegura que "no garantiza la libertad de los padres, no busca el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, no formula correctamente la introducción del tercer idioma y no va a conseguir ningún bilingüismo cordial, sino un conflicto en los centros escolares y en la sociedad".

Acusó la coordinadora al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo de "irresponsabilidad" por trasladar la decisión a las familias, cuando las decisiones sobre el currículum "tiene que tomarlas la Administración". "Ganar unas elecciones no legitima al gobierno para atentar contra nuestro patrimonio. La Administración tiene la obligación de potenciar la lengua propia de Galicia", concluyó.

El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, mientras, anunció que acudirá a la vía de las "denuncias internacionales" para echar abajo el decreto sobre el gallego, que tildó de "galegófobo" e "inaplicable". Callón señaló que es un "decreto contra el gallego" y la "mayor agresión al gallego en toda la etapa democrática".

Promesas de Feijóo

El decreto tampoco gusta a los que pretenden una mayor implantación del castellano, como Unión Progreso y Democracia (UPyD), que considera que "no garantiza la libertad de elección lingüística e incumple las promesas realizadas por Feijóo y el PP". La formación califica el texto de "fraude" y critica que el proceso de consulta a los padres se realizará "cada cuatro cursos escolares", algo que, desde su punto de vista, no tiene "nada que ver con lo prometido".

Feijóo, mientras, volvió a salir en defensa del decreto, que plantea un "equilibrio real" y "blindado" entre lenguas y permite "por primera vez" la elección a los padres y a los alumnos. En una entrevista a Radio Galega, consideró que el texto está realizado "de acuerdo con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la Ley de Normalización Lingüística" y plantea un "equilibrio real, blindado, de horas lectivas en gallego y en castellano".