Traballo cede a una empresa los datos de dependientes

Todo ciudadano que pide una ayuda a la Xunta acogiéndose a la Ley de Dependencia, le cede voluntariamente documentación sensible como un certificado del número de su cuenta bancaria, informes médicos del Servizo Galego de Saúde, estudios de un trabajador social sobre la unidad familiar y datos patrimoniales. Con lo que no contaban los solicitantes es que, a partir de ahora, una empresa privada también va a tener acceso a parte esos papeles que les ha cedido la Administración.

La Consellería de Traballo ha contratado a Indra a fin de que digitalice 4.000 expedientes para la tramitación de subvenciones. La multinacional experta en tecnologías de la información recibirá 15.000 euros por ese trabajo. Además, el pasado 3 de julio, se hizo también con otro contrato de 67.850 euros para la mejora de los recursos informáticos preexistentes.

La Consellería de Traballo también acaba de convocar otro concurso, publicado el 3 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), con un presupuesto inicial de 798.482 euros, para contratar una herramienta informática que permita a la Administración disponer de expedientes digitales de cada dependiente.

Cristina Ortiz, la secretaria general de la consellería, ha remitido una carta a CIG y CC OO en la que señala que estas inversiones se engloban dentro del Plan Especial en Dependencia -dotado con 67 millones de euros- y que tienen como objetivo la modernización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero los sindicatos dudan del buen hacer de la Xunta y han puesto su iniciativa en el punto de mira.

"Los trabajadores fueron los primeros en alertarnos de que les habían ordenado que no tramitasen ni un solo expediente, a excepción de las bajas por defunción, y desde ese momento, la tarea pasaba a manos de Indra", declara Castor Fernández, responsable de CC OO del sector de Servicios Públicos en Galicia, quien mantiene que los funcionarios llegaron a ofrecerse para trabajar gratuitamente en horario de tarde para encargarse de esa labor. Ortiz lo niega rotundamente en su escrito, donde afirma que la cesión se produjo a petición de la plantilla.

Fernando García, secretario nacional de CIG-Autonómica, se muestra disconforme con esta versión y denuncia que la intención del Gobierno autónomo es "asfixiar la tramitación ordinaria, impidiendo que se hagan contrataciones de personal interino y así poder justificar que se necesita una gestión privada". Como ejemplo de ello cita la contratación en febrero de 60 trabajadores a través de una empresa privada: "Denunciamos aquello ante Inspección de Trabajo y ahora, en vez de recurrir a las empresas para que aporten personal, encubren la privatización de su gestión enviándoles directamente los papeles".

La diputada socialista Beatriz Sestayo ha mostrado también su preocupación porque los expedientes salgan físicamente de la Xunta durante más de un mes y ha declarado al respecto que "poner datos confidenciales que deben custodiar las administraciones en manos de una empresa privada puede suponer una vulneración de la Ley de Administraciones Públicas y de la Ley de Protección de Datos". El representante sindical de CIG se ha unido a la protesta de Sestayo y ha recordado que "en los formularios que rellenan los usuarios no hay ninguna anotación en la que se les advierta de que sus datos pueden ser manipulados por otros". Sin embargo, según los artículos 11 y 12 de esta norma, la información puede ser transferida a terceros sin el consentimiento de los interesados cuando la cesión sea "necesaria" para la prestación de un servicio y el tratamiento de los datos esté regulado por contrato.

Traballo apela a ese artículo de la Ley de Protección de Datos para asegurar que el contrato es perfectamente legal. Según un portavoz de la consellería, Indra ha firmado un acuerdo para garantizar la confidencialidad de los datos. Además, cada trabajador de la empresa que se encargue de usarlos también deberá suscribir personalmente una cláusula semejante. La conselldería asegura que organismos de las Administración central como el Inserso o la Seguridad Social han realizado contratos semejantes con empresas privadas.

Sin embargo, tanto CIG como CC OO han puesto los hechos en concimiento de la Agencia de Protección de Datos. Fernández, de CC OO, anuncia que la oficina de A Coruña ya ha entregado 275 expedientes, Ourense otros 500 y Pontevedra 450 más. Esta afirmación contrasta con la versión de la Xunta, que dice que aún no han empezado con las gestiones para redirigir esta documentación a la sede de Indra en Galicia. "Los únicos papeles que no se han movido son los de Ferrol, que ya lo tenía todo al día, y los de Santiago y Lugo porque parte del funcionariado se ha negado, pero en los pasillos de las oficinas de Vigo hay 969 informes embalados esperando a que los recojan", mantiene el dirigente de CC OO. Traballo asegura que no tiene constancia de que ningún funcionario se haya negado a entregar los documentos.