El Supremo confirma que los depósitos de fuel de Vilagarcía son ilegales

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado que los depósitos de hidrocarburos levantados en el muelle de Ferrazo, junto a unos bancos marisqueros en Vilagarcía de Arousa, fueron tramitados sin los preceptivos estudios de impacto ambiental, por lo que declara nulas de pleno derecho las resoluciones de la Consellería de Industria que autorizaron en 2000, bajo el Gobierno de Manuel Fraga, las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y petrolíferos a las empresas Finsa y Foresa. La sentencia del Supremo confirma en todos sus términos las del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en 2006 dio la razón a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, y condena a las empresas a pagar las costas. .

La sentencia advierte del peligro de los tanques para el ecosistema

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, confirma la decisión del Tribunal Superior gallego sobre la legitimación de la Plataforma para impugnar las resoluciones de la Xunta, ya que en 2000 España había ratificado el Convenio de la ONU sobre participación del público en el acceso a la justicia en materias de medio ambiente. Según el Supremo, los expedientes de autorización de las instalaciones no pudieron ser excluidos del examen de impacto ambiental, al tener "efectos significativos y relevantes" sobre el medio ambiente. El fallo se refiere a la naturaleza de la actividad desarrollada, la clase de productos almacenados y el riesgo de las operaciones de un complejo de 80.000 metros cúbicos, próximo a núcleos urbanos y en un entorno "de especial relevancia paisajística". La instalación de los depósitos, que propició el tráfico de buques cargados de fuel por el interior de la ría, provocó en su día una oleada de protestas de ecologistas, mariscadores y bateeiros. Los mejilloneros llegaron a bloquear Vilagarcía con barricadas incendiarias y protagonizaron una batalla campal con la policía.

La sentencia agrega que las repercusiones pueden incidir negativamente en el ecosistema, provocar contaminación de las aguas marítimas y de la atmósfera y degradar la riqueza marina, "lo que comporta que las resoluciones de la Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Industria y Comercio de 5 de abril de 2000 incurran en el motivo de nulidad de pleno derecho". La sentencia desestima uno de los argumentos de las empresas, que invocaban la falta de legitimación de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. El tribunal alega que ese grupo "asume la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos que resultan afectados por las resoluciones administrativas que permitieron en su día la instalación de los depósitos". El Tribunal sostiene, además, que la plataforma está acreditada para impugnar las resoluciones de la Xunta de Fraga "cuando éstas afectan a intereses colectivos como el medio ambiente y la protección de la salud". La actuación de un colectivo ciudadano que, invocando la defensa del medio ambiente, instó a la Administración a revisar de oficio actos nulos de pleno derecho, "no constituye un ejercicio abusivo ni contrario al principio de buena fe [como alegaban las empresas], al postular acciones que ampara el ordenamiento jurídico", afirma el fallo del Supremo.

Con esta sentencia, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa gana otra batalla más en los tres frentes judiciales abiertos, uno contra la licencia municipal de los depósitos, otro por la concesión administrativa y el último por las resoluciones de la Xunta, cuya nulidad se confirma y contra las que ya no cabe ningún recurso de amparo. El Tribunal Supremo ya había declarado, en junio de 2007, la ilegalidad de la autorización concedida por el Gobierno de Fraga a las empresas madereras que gestionan los depósitos. El bipartito de la Xunta intentó entonces negociar un cambio en los usos de la instalación. Finsa y Foresa recurrieron en casación, pero también han agotado este último cartucho en la larga batalla legal.