Farjas culpa al Gobierno central del bloqueo de las tarjetas sanitarias

La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, no solo insistió ayer, reiteradamente, en rebotar al Ministerio de Trabajo la responsabilidad en las limitaciones de acceso a la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, sino que presumió de anticipar en cuatro meses -a través de la orden de su consellería, de 5 de septiembre- las garantías de cobertura sanitaria para ese colectivo, cuando es precisamente la orden de la consellería la que establece nuevos requisitos para renovar la tarjeta. "La Xunta garantiza la asistencia a todos los gallegos", afirmó ella hasta la saciedad, y también el presidente, Alberto Núñez Feijóo.

"El INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo] es el que da de baja la tarjeta en la Seguridad Social", adujo Feijóo, al tiempo de anunciar que la conselleira estaba dando "cumplida respuesta", con acreditación documental, en el Parlamento. Nadie diría que fue así. Farjas se limitó a señalar que su orden de septiembre recoge los requerimientos fijados por el INSS para los parados que han agotado todas las prestaciones y para las personas sin recursos y que es ese organismo el que deja a 300.000 personas sin cobertura hasta el 1 de enero.

Sanidade garantiza las prestaciones "a todos los gallegos" como singularidad

Lo cierto es que el INSS reconoce que, desde 1989, a los parados que acababan las prestaciones por desempleo se les retiraba la cartilla y se les inducía a obtener la cobertura sanitaria incluyéndose en la de un familiar. Las comunidades autónomas -Navarra, por ejemplo- asumían ese coste, irrelevante en circunstancias normales, pero que la crisis ha engordado con el aumento del paro. Ahora, con la reforma de la Ley General de Salud Pública, el Estado asume el coste sanitario de ese colectivo de parados -más los de otros colectivos, como los de abogados o arquitectos, hasta llegar a las 300.000 personas- y, según Trabajo, se ha ofrecido a las comunidades autónomas un convenio para agilizar la asistencia a los mismos, de modo que cuando un paciente acuda a un centro de salud, la tramitación para acceder a la cobertura sanitaria sea lo más corta posible.

El Sergas, sin embargo, asegura que nunca ha tenido conocimiento de ese convenio, y Farjas se remitió ayer a otro anterior, de 2010, que permite al Sergas el acceso a la base de datos del INSS. Es más, la gerente del Sergas, Rocío Mosquera, envió una carta al ministerio acusándole de difundir informaciones falsas.

Hasta la orden de septiembre de Sanidade, el trámite para acceder a las prestaciones sanitarias de las personas sin recursos era automático e inmediato. Ahora, según el protocolo de la orden, precisa de dos a tres meses de tramitación en un proceso burocrático que incluye hasta la declaración de la renta. "En España nadie tiene que decir lo que cobra para recibir asistencia sanitaria", recordó r el socialista Modesto Pose a la conselleira en el Parlamento. Ella insistió en acusar al Gobierno de excluir a 300.000 personas de la cobertura.

Con todo, las unidades que expiden las tarjetas recibieron ayer orden verbal de obviar el "compromiso de pago" por la asistencia que el protocolo exigía a personas sin recursos que no dispongan de la tarjeta.