Facenda pide al Gobierno un fondo especial para salud

A los 243 millones de euros procedentes del Fondo de Compensación que reivindica la Xunta, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, añadió ayer dos nuevas peticiones. Se trata del aplazamiento de cinco a diez años de las reclamaciones negativas realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y un fondo especial para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Son las tres exigencias fundamentales que Currás trasladará el miércoles próximo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque lejos de recabar el apoyo de la oposición, encontró los ataques de socialistas y nacionalistas por utilizar la financiación autonómica como "ariete de Mariano Rajoy contra el Gobierno".

Currás no encontró el respaldo de la oposición, principalmente por no formular ninguna propuesta de resolución en su comparecencia de ayer a petición propia en comisión parlamentaria. Así se lo recordaron el nacionalista Fernando Blanco y la socialista María José Caride, que lamentaron que la conselleira no presentara un texto al que poder presentar sus enmiendas. Caride y Blanco también recordaron que la Xunta se abstuvo en la votación del CPFF, el órgano de coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado, que aprobó en 2009 el sistema de financiación que ahora critica el Gobierno de Feijóo.

Gravar la riqueza

La conselleira elevó a 805 millones de euros la reclamación de la Xunta, pero aclaró que los 243 del Fondo de Cooperación son "inexcusables". Currás, tachó de fracaso las negociaciones con el ministerio y anunció que la Xunta seguirá adelante con la vía judicial. Caride reclamó a la conselleira que presente la documentación que acredita sus reivindicaciones, con informes que Facenda aún no ha presentado pese a la insistencia de la oposición.

En la comisión, Caride reprochó a la conselleira que defienda bajadas de impuestos mientras sube un 30% los relacionados con la vivienda mediante una nueva tasación de inmuebles. El portavoz del PP, Pedro Puy, salió en defensa de estas tablas, porque "gravan la riqueza". "Se aplican a todos los inmuebles, incluidos los grandes pazos", afirmó Puy, que aseguró que las valoraciones las realizaron "tasadoras independientes que trabajan para el Banco de España".