El Consello Escolar tumba el decreto del gallego por amplia mayoría

La lista de organismos que rechazan oficialmente el decreto del gallego de la Xunta sigue creciendo. A la Mesa Sectorial, el Consello de la Cultura, la Real Academia Galega, ayer se sumó otro: el Consello Escolar de Galicia, el órgano donde está representada la comunidad educativa, que pidió la retirada de la propuesta de la Consellería de Educación. Esta demanda, sin embargo, carece de consecuencias prácticas, ya que su decisión no es vinculante. El decreto, por lo tanto, sigue su cauce de tramitación. Irá la semana que viene al Consello Consultivo, que deberá dictar otra resolución, aunque la consellería tampoco está obligada a tomar en consideración este dictamen. Después de todos estos trámites, la norma pasará al Consello de la Xunta.

El ex conselleiro Barata pide a Feijóo que escuche a los contrarios al texto

La votación de ayer en el Consello Escolar no hizo más que poner negro sobre blanco las opiniones que la comunidad educativa llevaba expresando desde que el borrador del decreto dio sus primeros pasos hace poco más de tres meses. El resultado fue de 24 votos a favor de una enmienda a la totalidad del decreto por 16 en contra. Entre estos últimos están los de la administración, patronal, representantes de la enseñanza privada y concertada y los alcaldes de ayuntamientos gobernados por el PP. A favor se manifestaron sindicatos, organizaciones estudiantiles, padres de la enseñanza pública, movimientos de renovación pedagógica y regidores del PSdeG y el BNG.

A pesar de que todos los miembros de la administración votaron en contra del rechazo al decreto, uno de ellos, Daniel Barata, ex conselleiro de Cultura del PP, hizo en el turno de ruegos y preguntas un alegato para que la Xunta escuche las peticiones de la comunidad educativa. Según asistentes al pleno, este político del ala del PP más próxima al barón ourensano José Luis Baltar apeló directamente al presidente Alberto Núñez Feijóo para que sea sensible al clamor en contra de la norma.

La enmienda a la totalidad contra el decreto hizo que no fuese necesario debatir las enmiendas que llevaban los miembros del consello. El principal representante de la Administración presente ayer, Anxo Lorenzo, secretario general de Política Lingüística, lamentó que la mayoría decidiese rechazar el decreto sin discutirlo: "Una parte estaba dispuesta a seguir trabajando para conseguir el mayor consenso posible y otra decidió votar en contra. No es una situación nueva. Hay determinadas formaciones políticas, sindicatos, plataformas vinculadas a los partidos de oposición que buscan el desgaste electoral. Desde que se presentó el borrador de diciembre hasta hoy [por ayer] hay 40 modificaciones. Había 17 propuestas de las cuales pretendíamos incluir una buena parte. Y lo vamos a hacer".

Estas propuestas a las que se refiere Lorenzo son "matices" que no varían en nada los puntos fundamentales del decreto que reduce la presencia del gallego en la educación. Mientras pronunciaba estas palabras, las más de 200 personas que se agolparon a la puerta de la sede del Consello pedían su dimisión, igual que habían hecho durante las dos horas que duró la reunión. Entre ellos, además de numerosos sindicalistas, estaba Francisco Rodríguez, secretario general de la UPG.

Recibieron la noticia de la votación contra el decreto como una victoria, a pesar de ser más simbólica que práctica. Anxo Louzao, responsable de CIG Ensino y uno de los participantes en la reunión, se dirigió a ellos y se sumó a las críticas a Lorenzo: "Después de perder la votación ha tenido la chulería y la prepotencia de decirnos que no tiene intención de mover un ápice su posición. Todo lo que estamos haciendo tiene su parte positiva. Ha hablado el máximo órgano de representación escolar y vamos a echar abajo este decreto".

Los principales sindicatos, que ya se levantaron de la mesa sectorial de educación, también se felicitaron por el resultado del pleno. El PSdeG pidió la dimisión del conselleiro Jesús Vázquez ante su "empecinamiento" y por "tratar de imponer a toda costa un texto que ha sido rechazado por la mayoría de la comunidad educativa".