El Consejo de Arquitectos, contra el concurso para el Auditorio de Lugo

Las obras del edificio que albergará el futuro Auditorio de Lugo previsto para dentro de tres años no arrancan con buen pie. Los arquitectos que ganaron el concurso para diseñarlo, el estudio García de Paredes-Pedrosa, de Madrid, van a recurrir una decisión, que califican de "insólita y que pasa por encima del resultado de un concurso", llevada a cabo por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, que ha adjudicado la dirección de obra a otro equipo diferente, Hermo Iglesias Veiga Arquitectos, S L. El estudio que ganó el proyecto cuenta con el apoyo de Consejo Superior de Arquitectos de España.

El pasado lunes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitó el lugar donde se ubicará el centro, en la avenida de Magoi, donde ya se han iniciado los movimientos de tierras. Feijóo presumió de que en 2004 él mismo había firmado la ejecución de obras en calidad de conselleiro de Obras Públicas. Así fue.

La Xunta alega que los autores del diseño presentaron una baja temeraria

La decisión va "contra el espíritu de la ley", afirma el Consejo

Cuatro años después, a principios de 2008, el Gobierno bipartito convocó en abril un concurso internacional de ideas público, con un jurado de calidad (entre otros, estaba Manuel Gallego, Medalla de Oro de la Arquitectura española 2010) en el que se exigía, entre otras cosas, experiencia en la construcción de auditorios. Se presentaron cinco estudios: el formado por Javier Frechilla y José Manuel López-Peláez; Patxi Mangado; Elías Torres; Andrés Perea y el ganador, el de Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, que, entre otros, ha diseñado los auditorios de Murcia, Cuenca y el Teatro Valle-Inclán, Premio Nacional de Arquitectura. El contrato, ya con el Gobierno del PP, se firmó el 30 de julio de 2009.

A partir de ese día, los ganadores se pusieron a trabajar en el proyecto básico y en el de ejecución, que se aprobó en diciembre de 2010, con un presupuesto total de la obra de 17,7 millones de euros. La superficie del Auditorio es de 17.000 metros cuadrados, que albergarán dos salas, una de 900 metros y otra de 300, además de otra sala de congresos y una de exposiciones. Sus vistas son privilegiadas, con un murador con vistas al Miño.

Pero todo este proceso, que hasta entonces se iba desarrollando de una forma normal y ajustada a la normativa, dio un giro radical en enero de este año. El Gobierno gallego convocó otro concurso abierto para adjudicar la dirección de obra, de forma que se separaba de la ejecución del proyecto. Quedaron empatados el estudio ganador y otro que, según fuentes cercanas al proceso, carece de experiencia en auditorios, Hermo Iglesias Veiga Arquitectos, S L, al que finalmente se lo otorgaron. "El problema es que pueden modificar nuestro proyecto a su antojo y un proyecto de arquitectura es propiedad intelectual", explica García de Paredes. "Intentamos por las buenas llegar a un acuerdo con la Xunta y que nos contratara una asistencia para que de alguna forma se conservara el proyecto, pero no hubo manera. Es además dilapidar dinero público", añade.

Esa decisión ha levantado ampollas también en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el máximo órgano de la profesión. "El error está en el planteamiento. La autoría de la arquitectura es única, incluye proyecto y dirección por eso entendemos que un concurso público nunca debería dividirse salvo casos de fuerza mayor, como retirada o fallecimiento", precisa el presidente del CSCAE, Jordi Ludevic, "separarlo va contra el espíritu de la ley de contratos y desde luego apoyaremos las medidas que emprenda el estudio autor del proyecto".

Fuentes de la Consellería afirman que la causa de la exclusión de la empresa en el segundo concurso es una baja temeraria -presentar en el presupuesto un precio demasiado bajo con respecto al mercado- y que cinco candidatos, contando con ellos, se debatirían por conseguir la concesión. Miembros de García de Paredes-Pedrosa no comparten la posición de la Xuna y aseguran que la rebaja en el precio era del 25% y "estaba justificado".