Balanzas y Estado federal

De forma recurrente, se argumenta que la estimación y publicación de las balanzas fiscales es un ejercicio de transparencia políticamente neutral. Como tal, su cómputo debe ser impulsado por la propia administración hasta convertirlo en una suerte de estadística oficial. Tengo dudas al respecto de la neutralidad del instrumento en el terreno político, por muy bien que se hagan los cálculos.

¿Por qué se demandan balanzas fiscales regionales y no provinciales? ¿Por qué es Cataluña la principal demandante, y no el País Vasco, Galicia o Madrid? ¿Para qué sirven las balanzas fiscales? ¿Qué riesgos plantean? En lo que sigue se trata de responder a estos interrogantes.

Para que exista una demanda de cálculo de balanzas fiscales territoriales debe existir una comunidad política diferenciada de la estatal. En un país unitario y homogéneo (Australia o Alemania antes de la reunificación) no existen las precondiciones para que las balanzas fiscales territoriales ocupen un lugar relevante en la agenda política. Por supuesto que las circunscripciones y territorios están vigilantes para no soportar discriminaciones en forma de menores inversiones del gobierno central o mayor control tributario, por ejemplo. Pero al no existir sujetos políticos colectivos, con partidos que los representen, no existen las comunidades de individuos a los que aplicar los cálculos.

Como es bien sabido, en España las cosas no son así. Existe una comunidad política a escala estatal y comunidades políticas autonómicas con mayor o menor fortaleza. Basta con observar la presencia y relevancia de partidos nacionalistas y regionalistas en cada comunidad autónoma. Galicia, País Vasco y Cataluña se sitúan entre las autonomías en las que el vigor de la comunidad política subestatal es más fuerte. Madrid se sitúa en el lado contrario.

En este escenario, las balanzas fiscales se convierten en un poderoso instrumento técnico para aquellos que, viviendo en territorios con capacidad fiscal superior a la media, se sienten más identificados con su comunidad autónoma que con España. El argumento de que por separado (o juntos, pero de forma asimétrica) es más barato cala fácil incluso entre ciudadanos escasamente politizados, y alimenta el marco interpretativo de los partidos nacionalistas. Marco que tiende a arrastrar también a partidos no nacionalistas, pero que deben competir electoralmente. Esta lógica no le vale a Galicia, porque su capacidad fiscal es inferior a la media. País Vasco y Navarra se desmarcan de este asunto, porque no va con ellos: sus privilegios fiscales les permiten, en la práctica, quedarse con casi todo lo que se recauda en su territorio. Por eso es Cataluña la principal demandante de las balanzas.

A partir de aquí, se entiende el interés en vincular saldo fiscal y financiación autonómica. La segunda serviría para reducir la dimensión negativa del primero, por la vía de tratamientos asimétricos o nivelaciones parciales.

Dicho todo lo anterior, debe quedar claro que la posición de los partidos nacionalistas o regionalistas es tan legítima como cualquiera. Existen otros países en los que los territorios más ricos disfrutan de una mejor financiación. Estados Unidos y, en menor medida, Alemania y Canadá, son buenos ejemplos. En España debemos decidir si ellos deben ser nuestro modelo o nos mantenemos en el actual, que combina autonomía con nivelación plena. Sin duda, una clave de la respuesta se encuentra en el equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas en el seno del PP, el PSOE e IU a nivel estatal. Tengo la impresión de que la mayor incertidumbre planea sobre el modelo territorial del segundo.