Ames no merienda galletas Chiquilín

Fue una despedida triste pero inevitable. El pleno municipal de agosto acordó declararle la guerra a los transgénicos, y la primera medida visible llegó con la vuelta al cole. Los niños del comedor escolar ya no volverán a tomar "galletas Chiquilín, ni pan Bimbo, ni frutos secos Borges, ni el maíz en grano que antes se servía con las ensaladas". Y los que tengan intolerancia a la leche de vaca seguirán bebiendo la de soja, pero "sólo" si los padres de la criatura deciden arriesgarse. Isabel Pereiro, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Ames (A Coruña), se conoce al dedillo la "lista vermella" de los transgénicos. En realidad, dice, desde el pleno de agosto, en la corporación municipal "todos andan preocupados. Todos intentan no llevar a casa ciertas marcas cuando van a la compra".

Eliminaron del menú el pan Bimbo y el maíz en grano de las ensaladas

En Ames, los que gobiernan suelen hablar de estas cosas. Y, a lo mejor, uno va y le comenta al compañero que se acaba de enterar de que "los bombones Zahor" son sospechosos. Uno ya no se puede fiar de casi nada, porque cada vez son más los bocados que aparecen en la Guía roja y verde de alimentos transgénicos de Greenpeace. La última actualización es del 14 de agosto. "¿Ya te has enterado de lo del Nesquik? ¡Hay que tomar Cola-Cao!"

Las empresas que atienden los comedores escolares de Ames recibieron del ayuntamiento la orden de eliminar de sus menús cualquier comestible que apareciese en la mitad roja de las tablas que edita el grupo ecologista. Greenpeace pide garantías a los fabricantes y, si éstos no se las dan, sus productos, en general muy populares, caen en desgracia. El semáforo se ha puesto en rojo para todo lo de Nestlé, para la margarina Tulipán, para el aceite Carbonell y Koipe, para las papillas Milupa, las sopas Knorr y la Maizena, la bollería Martínez, los Conguitos, los Lacasitos y un montón de cereales para el desayuno.

El Ayuntamiento de Ames ha podido meter mano en los colegios públicos (los CEIP Bispo Guerra Campos y Agro do Muiño de Bertamiráns, la Escola de Educación Infantil Milladoiro o el colegio de Primaria de Ventín) porque los comedores de estos centros dependen de la Administración local. En otros municipios, el menú escolar es cosa de l, el menú escolar es cosa de las Anpas o corre directamente su gestión por cuenta de la Xunta. Y la Consellería de Educación no ha tomado medidas semejantes. "En los comedores que dependen de la Xunta lo que se exige es que los alimentos lleven el sello de garantía sanitaria". Pero esta licencia también la tienen las galletas Príncipe, y las Oreo, y las Tuc y las Petit Écolier, y las patatas Matutano, y las Pringles, y los helados Frigo o La Lechera, y el pan Ortiz y ese otro de molde que han dejado de desayunar y merendar (porque aquí también desayunan y meriendan) los escolares de Ames.

Este municipio es el segundo que en Galicia se declara públicamente en contra de los transgénicos, pero ha llegado más lejos que el primero que lo hizo. Quince asociaciones fundaron el 1 de marzo en Lalín la Plataforma Galega Antitransxénicos con el objetivo de conseguir para Galicia la declaración de "zona libre" de estos cultivos. Tres días después, el alcalde de este ayuntamiento pontevedrés (uno de los siete municipios de la comunidad en los que se sabe que se ensaya con maiz transgénico) presentó una moción sobre este asunto. El 27 de marzo, la corporación se declaró enemiga de estos cultivos por sus posibles "consecuencias nocivas" sobre la salud. Pero se limitó a pedir a la Xunta y al Gobierno central que declarasen "de forma inminente" a la capital del Deza zona libre de transgénicos. El Gobierno de Xosé Crespo (PP), que precedió, precisamente, al frente de la Federación Galega de Municipios y Provincias al alcalde de Ames, Carlos Fernández (PSdeG), se adelantó en la guerra a la modificación genética. Lalín pidió medidas al Gobierno y ahí se quedó. "No hay novedades", dicen desde el consistorio. Aquello fue una "declaración de intenciones" y estas cosas "llevan tiempo". Ames, después de depurar los comedores, prepara ya una campaña para informar los vecinos y busca, con sus asesores, algún vericueto legal para impedir los ensayos de transgénicos en su tierra. Cuando las licencias son, en realidad, cosa del ministerio.