Aunque sea un ladrón

Las detenciones efectuadas en los últimos días en los ayuntamientos de Bigastro, San Fulgencio y Zarra y las informaciones sobre los millonarios ingresos sin justificar del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigados por los jueces, han vuelto a poner sobre el tapete de la política valenciana el problema de la corrupción.

Un problema que no es nuevo, que ya afloró a finales de la década de los 80, en una etapa de rápido crecimiento económico, y que acabó arrastrando a la oposición al Gobierno de Felipe González un lustro después.

De finales de los 80 y primeros de los 90 es la destitución del consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, por parte del presidente socialista Joan Lerma, temeroso de ver salpicado su gobierno por escándalos de corrupción urbanística. Y de la misma época es el denominado caso Naseiro, relacionado con la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana.

Los partidos son un elemento central para combatir la corrupción

Si las victorias electorales exoneran, el Parlamento se vuelve irrelevante

Las explicaciones que se reclaman entre sí han de escucharse en las instituciones

Estos dos ejemplos explican en parte, lo sucedido estas últimas semanas en la política valenciana. El temor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a repetir el error de González le llevó en la legislatura pasada a introducir un buen número de medidas anticorrupción, incluida la creación de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Guardia Civil, que ha realizado buena parte de las detenciones de los últimos días, y la reorganización de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la introducción de nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción no ha acabado y difícilmente lo hará, con los espacios oscuros de la política y la Administración pública. Y es ahí donde los propios partidos políticos se convierten en un elemento central para combatir la corrupción.

Es cierto que populares y socialistas han actuado, por voluntad o forzados por las circunstancias, con contundencia cuando los casos de corrupción han estado nítidamente delimitados y sus responsables fácilmente identificados. El ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, condenado por malversación de fondos públicos y falsedad documental en su etapa de alcalde de Orihuela, es el ejemplo más conocido. El más reciente, es el del alcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, expulsado del PSPV el mismo día que salía esposado de las dependencias municipales.

Pero también es cierto que, con demasiada facilidad, los dirigentes de los partidos políticos se escudan en pseudoanálisis de carácter moral, que achacan en exclusiva la situación a la falta de civismo de los ciudadanos que votan candidatos corruptos. La consecuencia es que el temor a perder gobiernos locales o provinciales impide a los partidos políticos sustituir a los candidatos manchados. Es ese pánico a las manifestaciones de los descamisados del Partido Justicialista que gritaban por las calles de Buenos Aires "¡Aunque sea un ladrón, queremos a Perón!". Un pánico que hoy se materializa ante las cenas de adhesión y homenaje a los imputados y ante manifestaciones de familiares y vecinos jaleando a los cargos públicos detenidos en distintos municipios de la geografía valenciana como Zarra, Pego o Castellón.

En otras ocasiones, la osadía lleva a manifestaciones aberrantes en democracia, como las de aquellos cargos públicos que afirman que su victoria en las urnas equivale a la absolución por parte de un jurado popular que debería eximirles de rendir cuentas ante los tribunales y ante la opinión pública.

Por eso quizá sea ahora más necesario que nunca recordar la afirmación del sociólogo José María Maravall cuando asegura: "Si los comicios son el único mecanismo para asegurar la responsabilidad de los políticos, si los políticos convierten sus victorias electorales en procesos exoneradores, y si entre una elección y otra sólo atienden a sus responsabilidades legales, entonces el Parlamento se vuelve irrelevante y la confrontación política se traslada al terreno judicial".

Es posible que en medio de los escándalos de las últimas semanas sea difícil retener en la memoria que el alcalde socialista de Bigastro, reelegido una y otra vez desde hace más de 20 años, tiene también presentada una denuncia por negarse a facilitar información a los grupos municipales, o que cada vez que la oposición exige explicaciones sobre Carlos Fabra las mayorías del PP declaran tabú la cuestión. Pero quizá sea bueno recordarlo si sirve para que las explicaciones que se reclaman los partidos y los políticos entre sí se puedan escuchar en las instituciones donde representan a los ciudadanos.