El 40% del profesorado no podrá hacer huelga el 17-D

El pulso vivido en los últimos tres meses entre la Generalitat y todos los agentes del sector de la enseñanza pública contrarios a la política educativa de Francisco Camps -que, además, se oponen de plano a la normativa valenciana que obliga a dar Ciudadanía en inglés sin más medios ni personal- se refleja de lleno en la huelga general convocada para el próximo miércoles 17 en todos los centros públicos. La Consejería de Educación presentó ayer una propuesta del "personal de servicios mínimos" que deja al 40% de los profesores y personal de apoyo sin derecho a poder secundar el paro convocado por la Plataforma per l'Ensenyament Públic.

Esta cifra duplica el mínimo de profesores fijado por esta misma Administración en la huelga general en toda España contra el denominado decretazo de Aznar, el 20 de junio de 2002. "En aquella ocasión, la Administración fijó exactamente la mitad de los servicios mínimos que ahora, al establecer un profesor por etapa; y no por ciclo", comentó ayer Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Es decir, que el colegio que tenía que poner dos profesores, ahora requerirá cuatro.

La Plataforma lleva a Canal 9 al Síndic por manipular la protesta del 29-N

De publicarse estas instrucciones, cerca de 22.000 profesores y personal de apoyo (de un total de 54.000 dependientes de la Consejería Educación) se verán obligados a renunciar al derecho de huelga.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por el STEPV, CC OO y UGT y las asociaciones de padres, alumnos, directores e inspectores, además de Escola Valenciana) anunció que recurrirá estos servicios mínimos por "abusivos".

La consejería pretende obligar a "los centros de Infantil y Primaria con una línea donde trabajan 13 profesores a que cinco de ellos presten servicios mínimos", señaló la Plataforma, que también reprochó a la consejería que dirige Alejandro Font de Mora las instrucciones para que la inspección haga "listas" de los padres y alumnos que no piensan asistir a clase el 17-D.

La Generalitat se enfrenta a una huelga general de la enseñanza no universitaria sin precedentes. Es la primera vez que se convoca en todas las etapas y es apoyada por todos los estamentos educativos del sector público, por los partidos de oposición y 300 entidades cívicas.

La protesta ya fue contundente el 29 de noviembre y la Plataforma acusó ayer a Canal 9 de "censurar" las imágenes de 44.000 manifestantes en Valencia que clamaban contra la "política educativa" de Camps. Por ello, recurrió al Síndic de Greuges para que inste a una rectificación por las imágenes emitidas por la televisión autonómica, con una pancarta contra Zapatero que nada tenía que ver con la protesta.

Por otra parte, el consejero Font de Mora añadió ayer más confusión a la polémica al declarar, según la agencia Efe, que los alumnos objetores a la asignatura de Ciudadanía tienen derecho a ocupar otro espacio en el centro y ser atendidos por otros profesores. El Tribunal Superior de Justicia ya suspendió en su día la intención de su departamento de facilitarles la aprobación de la materia mediante un trabajo alternativo.