El presidente de Coepa niega haber amañado contratos

Rafael Martínez Berna, presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (Coepa) rechazó ayer cualquier "ilegalidad" en la actividad de su empresa, la constructora Hormigones Martínez. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con 5.005.380 euros a esta empresa y otros 288.340 a su filial Padelsa Infraestructuras, SA, por supuestamente amañar contratos de obra pública. La empresa ha anunciado que recurrirá la sanción a la Audiencia Nacional. La formación Compromís ha exigido a Martínez su dimisión.

El presidente de Coepa optó ayer por el silencio. No obstante, el máximo dirigente de la patronal alicantina defendió la "legalidad" de su actividad empresarial mediante un comunicado oficial del grupo Hormigones Martínez. En la nota, la empresa señala: "La empresa CHM, ante la información difundida por la Comisión Nacional de la Competencia sobre una resolución administrativa que le impone una multa junto a otras 46 empresas del sector, quiere manifestar que siempre ha actuado dentro de la más estricta legalidad en todas las licitaciones, incluidas aquellas a las se refiere la CNC". El escrito añade: "La empresa considera que son falsas e injustificadas todas las acusaciones que en dicho escrito se vierten y que va a defender sus legítimos derechos ante la Audiencia Nacional, que es la instancia judicial competente".

La constructora está implicada en la posible financiación ilegal del PP

El comunicado concluye apelando a la "prudencia y la mesura" en las valoraciones sobre la resolución administrativa de la CNC hasta que los tribunales resuelvan el recurso, "puesto que los juicios de valor apresurados representan un lastre más para las empresas de este sector, que ya de por sí vive una profunda crisis".

Según la Comisión Nacional de la Competencia, el supuesto amaño de contratos afectaba a licitaciones de obra pública (carreteras) convocadas por el procedimiento restringido. Al concurso solo podían optar firmas previamente seleccionadas por la Administración.

Pero la Comisión ha detectado que las empresas seleccionadas se reunían para intercambiarse información sobre las rebajas que tenían previstas. Luego acordaban cuál sería el importe de las empresas ganadoras y del resto de ofertas. Estas rebajas (entre el 1% y el 6%) eran mucho menores que las que se observaban en condiciones competitivas puras (entre el 15% y 30%). Así, la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor. Con este margen de beneficio, supuestamente, la firma ganadora compensaba al resto de aspirantes a la licitación.

Hormigones Martínez también es una de las empresas supuestamente relacionadas con la financiación ilegal del PP valenciano, según recoge el sumario del caso Gürtel. La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà exigió ayer la dimisión de Martínez al frente de Coepa. "La patronal alicantina no puede tener como presidente a un empresario que estafó al Estado en las licitaciones de obra pública", aseveró Mollà.