La oposición pide explicaciones por los cursos de sexualidad

La oposición en bloque defendió ayer en las Cortes los cursos de educación sexual que ha suspendido temporalmente la Generalitat y anunciaron que exigirán la comparecencia "urgente" de los responsables de Sanidad y Educación, Manuel Cervera y Alejandro Font de Mora, respectivamente, para que den "explicaciones" de por qué se ha congelado el Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES), que se ofrece a escolares de 3º de ESO. La paralización -oficial desde el 12 de julio, pero que se acaba de conocer- coincide con la campaña estatal y autonómica de sectores ultracatólicos contra los PIES y las críticas del Arzobispado, en julio.

"Es una barbaridad que un grupo de presión que defiende determinados valores pese más en la Generalitat que conocimientos científicos sanitarios", lamentaba ayer el responsable de Sanidad de la ejecutiva socialista, José Mayans. "El consejero de Sanidad debería plantearse dimitir si tienen que rectificar contenidos de educación sexual supervisados por sus técnicos bajo presiones del consejero de Educación", apuntó.

También Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida, que denunció la circular el martes, insistió en que ni Sanidad ni Educación "deben someterse a la moral sexual de los grupos utracatólicos", cuyas tesis "atentan contra los derechos y libertades ciudadanas y ofrecen una visión del sexo perversa que no queremos en ningún centro educativo valenciano". Consuelo Català, portavoz socialista de Sanidad, tachó la maniobra de "opa hostil del Opus Dei, dirigida por Camps y Cotino, en contra del rigor y la ciencia, y los profesionales que han ejercido en silencio una labor espectacular".

Mònica Oltra, de Compromís, se encaró con el presidente Camps en las Cortes y le recordó que "son los fundamentalistas católicos, unos grupos reducidos, se han hecho con el poder político y económico", pero están "muy lejos del Evangelio" que predican.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los colegios de Castellón, Valencia y Alicante rechazan, además, que los cursos pasen a darlos los psicopedagogos, en vez de sanitarios.