"La multa que pide la fiscalía para Camps le condena al hambre"

Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.

Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.

Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia

El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".

Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.

"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.

El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".

En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"

"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.