Un mes de penas y fatalidades

Desde que el pasado 12 de mayo, el Tribunal Supremo reabriera el caso de los trajes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se esfuerza diariamente por combatir la sensación de que no está al frente de un Gobierno agotado. Sin embargo, los autos judiciales relacionados con el caso Gürtel y las graves consecuencias de la crisis económica han condicionado como nunca la agenda pública del Consell, especialmente de su presidente y los tres vicepresidentes.

El Consell ya era consciente de su imagen de parálisis tras más de un año de caso Gürtel, con Camps pendiente de si volvía, o no, a la condición de imputado por un delito de cohecho pasivo impropio. Así lo confirma, una orden del delegado del Consell en Alicante y vicesecretario general del PP regional, José Císcar, remitida a primeros de mayo a todos los ayuntamientos populares.

El Consell quiere saber todo lo que se puede inaugurar en los municipios

El final de las sesiones de control da un pequeño respiro a Camps

"Te ruego nos remitas a la mayor brevedad posible las obras terminadas y no inauguradas que hayan sido financiadas, subvencionadas o participadas de cualquier modo por la Generalitat", señala la orden, "A tales efectos, resulta indiferente que sean obras incluidas en el plan Confianza de la Generalitat o que formen parte de cualquier otro programa del Consell".

El resultado, por ahora, ha sido bastante magro. Las resoluciones judiciales contrarias a sus intereses y los duros ajustes económicos a los que se ha visto obligado el Consell han hecho que Camps sea incapaz de controlar la agenda política. De hecho, el presidente de la Generalitat está montado en una especie de montaña rusa que le niega el sosiego necesario para retomar la iniciativa mediática y arrancar su campaña electoral más larga y complicada.

"Los tiempos difíciles hay que tomarlos con ambición y con esperanza", señaló Camps el viernes en su segunda visita en menos de un mes a la estación de Los Luceros del TRAM de Alicante. Con las Cortes a punto de cerrar el periodo de sesiones -el pasado jueves se sometió a la última sesión de control de este periodo y no volverá al Parlamento hasta septiembre-, la agenda del jefe del Consell sigue pendiente de los juzgados y las dificultades económicas que le impiden relanzar la gestión.

En términos cuantitativos, el Consell ha mantenido un número superior de convocatorias públicas al de otros gobiernos regionales como el de Madrid, Andalucía y Aragón. Así, el Ejecutivo de Camps ha contabilizado 312 actos en el último mes y medio, frente a los 232 del Gobierno andaluz, los 203 del aragonés o los 103 del madrileño. El Gobierno catalán, a las puertas de los próximos comicios autonómicos que celebrará en otoño, acumula 518 actos en el mismo periodo.

Un análisis cualitativo de estos actos, revela que el presidente de la Generalitat mantiene una actividad muy superior a la de sus tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. Un hecho coherente con la nueva estrategia adoptada por Camps tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que reabría la causa de los trajes.

El jefe del Consell, hasta entonces esquivo con los medios de comunicación, anunció el pasado 12 de mayo que se defendería, personalmente, de las informaciones relacionadas con Gürtel para rehabilitar su imagen. La promesa se ha cumplido, aunque a medias. Camps ha intentado mostrarse más accesible, pero siempre en escenarios controlados, lo que le ha hecho concentrar los actos en el Palau de la Generalitat.

Una de las razones es que los acontecimientos apenas han dado tregua a un Camps cada vez más dependiente de sus propias fuerzas. Si el pasado día 12, Camps supo que el Supremo le devolvía la condición de imputado, cinco días después el alto tribunal desvelaba que la decisión había sido adoptada por unanimidad de todos los magistrados.

Sin apenas respiro, el 24 de mayo, la CAM anunció el acuerdo de fusión con Cajastur mediante un pacto que permite a la caja alicantina mantener su presencia, pero no controlar la entidad resultante. El presidente intentó amortiguar el varapalo dando el acuerdo por bueno, mientras mantenía una reunión con los alcaldes de las tres capitales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para analizar las duras repercusiones del decreto de ajuste del Gobierno central.

Al día siguiente, los tres vicepresidentes, cuyas figuras se han difuminado a medida que avanzaba el caso Gürtel, alardearon de los logros realizados en esta legislatura. Y el azar les volvió a jugar una mala pasada. Ese 26 de mayo, el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, anunciaba su decisión de inhibirse parcialmente en favor del TSJ de Valencia al hallar indicios de que cargos aforados del PP valenciano -entre ellos Vicente Rambla- podían ser imputados de supuestos delitos como financiación irregular, cohecho y delito electoral.

Con esta caída en picado, Camps intentó remontar de nuevo publicitando uno de sus proyectos estrella: el nuevo hospital La Fe. Y acudió a "la presentación de la finalización de las obras". Un acto con el que se dio un pequeño respiro. En los días siguientes Camps inauguró la rehabilitación del palacio de La Asegurada en Alicante, visitó las obras del TRAM y pidió que se mostrasen, con balances, sus logros en esta legislatura y la anterior.

La realidad, en cambio, no le ha dado respiro. Si el paro baja, lo hace menos que en España. Bancaja se fusiona, como socio minoritario, con Caja Madrid y acaba con el sueño de contar con una gran caja valenciana. En medio de este panorama, Camps decidió marcharse de viaje oficial a Moscú para tomar aire, mientras su vicepresidente económico asumía en Valencia otro recorte del presupuesto de 1.000 millones de euros y a su consejero de Educación le daban calabazas en la última evaluación del Gobierno. Ahora, Camps solo confía en que los tribunales le den un poco de tregua para intentar recomponer la figura.